Pacto fiscal y reforma de pensiones: los proyectos que Boric quiere desatascar en Chile

Este viernes, el mandatario reúne a todo su gabinete para abordar los desafíos del llamado «segundo tiempo» de su mandato de cuatro años.

Pacto fiscal y reforma de pensiones: los proyectos que Boric quiere desatascar en Chile

El presidente izquierdista de Chile, Gabriel Boric, está decidido a intentar desatacar las dos proyectos estrella prometidos a su llegada al poder en marzo de 2022: el pacto fiscal y la reforma de pensiones.

Este viernes, convocó a todo su gabinete en el Palacio de la Moneda para abordar los desafíos de su «segundo tiempo», los dos años que le quedan al frente de su Gobierno progresista. Pero el reto es grande, en el Congreso choca con una dura oposición de derecha y ultraderecha, que pueden volver a ser un escollo para sus planes.

«Que la oposición no ponga traba»

En un entrevista en radio Cooperativa, la vocera del gobierno, Camila Vallejo, dijo el miércoles que espera que «la oposición facilite los acuerdos y no les ponga traba».

«Lo que necesita la gente es que el mundo político, independiente de las diferencias que puedan haber y la cantidad de fuerzas políticas que hay, seamos capaces de encontrar los mínimos comunes para resolver el tema de las pensiones, por ejemplo, o de los ingresos que se necesita para fortalecer aún más la política de seguridad (…) o incluso en materia de aumentar los impuestos a los que tienen más altos ingresos», dijo.

Según la funcionaria, no lograr esos acuerdos «no es un costo ni para ministros, ni para parlamentarios, ni para el presidente: termina siendo un costo para las personas«.

El Gobierno de Boric no lo ha tenido fácil desde que asumió, especialmente con los dos fracasos en los intentos de reformar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

«Hartas concesiones»

En marzo del año pasado, sufrió otro revés: la Cámara de Diputados rechazó la reforma tributaria con la que buscaba recaudar un 3,6 % del PIB, unos 10.000 millones de dólares, en cuatro años para financiar su ambiciosa agenda social.

Resuelto a no claudicar, el Ejecutivo reformuló su propuesta -con cesiones- en forma de pacto fiscal, divida en dos partes y con cesiones: entre otras cosas, redujo al 2,7 % su meta de recaudación en seis años.

La ley chilena obliga a esperar un año para volver a presentar un proyecto rechazado, con lo cual la semana que viene ya estaría en disposición de hacerlo.

El próximo lunes, debe iniciar su trámite el primero de los proyectos, con el que busca disminuir la evasión fiscal y recaudar un 1,5 % del PIB. El segundo, enfocado en ampliar el impuesto a la renta, arrancará más adelante.

«De lo que presentamos en materia de reforma previsional o de pacto fiscal al comienzo del periodo, hemos hecho hartas concesiones, hemos cedido bastante, justamente en el ánimo de encontrar un entendimiento con la oposición para lograr los votos que se requiere para aprobar estas reformas», explicó la vocera.

Otra herencia de Pinochet

La semana que viene, tras el receso legislativo, retoma el trámite de la reforma del criticado sistema de pensiones, de capitalización individual e implantado también durante la dictadura de Pinochet.

Es un tema pendiente desde hace mucho tiempo y fue una de las principales demandas en la ola de protestas de octubre de 2019. Los gobiernos anteriores intentaron de distintas maneras reformar el sistema considerado ultraliberal, pero no lograron suficiente apoyo.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado empezará a analizar el texto, después de su aprobación en la Cámara, aunque con recortes.

El Ejecutivo, que propone un sistema mixto, busca subir la cotización del 10 % actual al 16 %, a cargo del empleador. Pero el desacuerdo con la oposición es el destino de ese 6 % adicional: rechazó la fórmula que el Gobierno proponía (un 3 % a un seguro social, el 2 % a las cuentas de capitalización individual de cada trabajador y el 1 % a fortalecer el empleo y la formalidad laboral de las mujeres).

El sistema vigente de pensiones está controlado por seis administradoras privadas, conocidas como AFP y que Boric quiere eliminar.

Actualmente, esas empresas reciben el 10 % mensual de los trabajadores que obligatoriamente deben ingresar hasta la jubilación. Las AFP lo colocan en fondos de inversión de diferente riesgo — elegido por los trabajadores- y obtienen beneficios millonarios.

Sus detractores opinan ese sistema beneficia a las élites y solo sirve si se cuenta con ingresos altos y un empleo estable, un realidad muy lejana para la mayoría de chilenos.

 

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