A pesar de que el FMI cuestiona la posición fiscal de Colombia, el Gobierno de Gustavo Petro aprovechó el crecimiento de sus reservas internacionales para cancelar una Línea de Crédito Flexible con el organismo. Analistas consultados por Sputnik destacaron que la posición del país latinoamericano le permite pensar en otras formas de financiación.
Casi seis meses después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) decidiera suspender el acceso de Colombia a la Línea de Crédito Flexible (LCF) que el país había acordado en 2024, el Gobierno de Gustavo Petro decidió dar por finalizado el instrumento y, a partir del 1 de enero de 2026, saldar la deuda con el organismo multilateral.
La decisión fue comunicada de manera conjunta por el Ministerio de Hacienda colombiano y el Banco de la República, que recordaron que la línea de crédito totalizaba unos 8.100 millones de dólares y, si bien se había renovado en 2024, había sido acordada inicialmente por el Gobierno de Iván Duque (2018-2022).
El exmandatario presentó la línea de crédito como una herramienta para afrontar los desafíos financieros que implicaba las secuelas económicas de la pandemia de COVID-19, decisión que fue criticada por Petro. Tras anunciar la cancelación del instrumento, celebró en su cuenta de X haber «cumplido con el crédito que tomó Duque de manera irresponsable con el FMI».
«La decisión es consecuente»
En diálogo con Sputnik, el analista económico colombiano Diego Cortés consideró que la decisión adoptada por el Gobierno de Petro puede entenderse a la luz de los problemas que la Administración colombiana ha tenido para hacer uso de esos recursos. «El FMI decidió no permitir que se desembolsen los recursos abiertos en esta línea de crédito», recordó el analista.
En efecto, el organismo comenzó a retacear el acceso de Colombia a la línea de crédito desde abril de 2025, cuando comunicó que la continuidad del programa estaría «condicionada al resultado de las consultas» previstas para el país sudamericano.
La instancia culminó el 29 de septiembre y la visión del organismo multilateral no fue más auspiciosa, cuestionando «reiterados desvíos fiscales» del país y «la suspensión temporal de la regla fiscal». El FMI acusó que «la política y el marco fiscal se han debilitado considerablemente en comparación con la evaluación previa de ‘muy sólido’ que se requiere para la calificación continua en la LCF».
Para Cortés, esta postura del FMI fue la que terminó de impulsar al Gobierno colombiano a cancelar el acuerdo, que de todas maneras obligaba al Estado colombiano a pagar el costo de la línea de crédito, independientemente de si se utilizara o no. Según el propio Petro, Colombia ya pagó unos 5.000 millones de dólares por dicho instrumento.
«Si en este momento no se puede utilizar la línea de crédito, no tiene ningún sentido seguir manteniendo abierta esa forma de financiación y los costos que derivan de ella. La decisión es consecuente con no otorgar mayores recursos a una línea de crédito que no va a poder usarse en este momento», explicó el experto.
Cortés agregó que, al cancelar el acuerdo, Colombia recuperará el dinero pagado por el costo de la herramienta y, además, podrá derivar los fondos que hasta ahora reservaba para estos pagos a otras políticas públicas.
Consultado por este medio, el economista colombiano Christian Méndez recordó que los intereses de deuda son «gastos inflexibles» que, junto a la deuda externa en sí misma, se llevan gran parte de los presupuestos. Con el panorama a partir de enero de 2026, el Gobierno podría derivar estos fondos «a inversiones que apunten hacia el crecimiento económico».
Para eso, aclaró Méndez, es preciso que el Gobierno colombiano consolide su capacidad de generar ingresos. En ese camino pueden aparecer «discusiones de política económica» como la posibilidad de una reforma tributaria, uno de los objetivos del actual Gobierno.
