China condena a muerte a integrantes de un imperio criminal multimillonario

Pekín da un golpe a una mafia que se lucraba con actividades de fraude, tráfico de drogas y prostitución en una región de Myanmar fronteriza con China.

Un tribunal de China ha dictado sentencia de muerte contra 16 integrantes de la familia Ming, un conocido grupo criminal con base en Myanmar, recoge South China Morning Post.

Otros 12 acusados ​​recibieron penas de prisión de entre cinco y 24 años.

Considerada una de las cuatro familias que dominan el crimen organizado en el norte de Myanmar, la familia Ming está acusada de gestionar una extensa red de complejos ilegales especializados en fraudes en línea, casinos, prostitución y tráfico de drogas.

Según la cadena estatal CCTV, la Fiscalía de la provincia oriental de Zhejiang determinó que, desde 2015, la banda criminal había aprovechado su influencia en la región de Kokang (Myanmar) para establecer y dirigir cientos de centros que se dedicaban al fraude por Internet y otras actividades ilícitas y atrajo a «patrocinadores financieros» para sus actividades delictivas.

La diversificada actividad ilegal tuvo un monto involucrado superior a los 10.000 millones de yuanes (alrededor de 1.400 millones de dólares).

Además, el tribunal alegó que el grupo había asesinado a varias personas implicadas en fraudes que habían intentado escapar del grupo o desobedecer a sus órdenes.

El veredicto

De los 16 condenados a pena capital, cinco recibieron una suspensión de la pena de muerte de dos años, tras los cuales sus sentencias podrían convertirse en cadena perpetua.

Esta decisión forma parte del esfuerzo del Gobierno chino por combatir las redes delictivas transfronterizas, especialmente las vinculadas al fraude y al crimen organizado en el sudeste asiático.

Los centros de fraude en línea, que operan desde países como Myanmar, Laos y Camboya, han expandido sus sofisticadas estafas a nivel global. En una acción conjunta en febrero, China, Myanmar y Tailandia desmantelaron estos centros en sus fronteras comunes, liberando a más de 7.000 trabajadores, en su mayoría ciudadanos chinos, según reporta The Guardian.

 

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