Con esta medida, el Ministerio de Educación busca asegurar el «buen uso» del español en los materiales y contenidos, así como proteger a los menores de «injerencias ideológicas».
La ministra de Educación de El Salvador, Karla Trigueros, comunicó este jueves, mediante un memorando dirigido a miembros de la comunidad educativa del país, que queda prohibido el uso del lenguaje inclusivo en los centros escolares públicos y dependencias de la institución a su cargo.
En una publicación en su cuenta de X, Trigueros explicó que esta resolución, de carácter obligatorio, busca asegurar el «buen uso» del español «en todo el material y contenido», así como «proteger a la primera infancia, niñez y adolescencia de injerencias ideológicas» que puedan afectar «su desarrollo integral».
«Palabras como amigue, compañere, niñe, todos y todas, alumn@, jóvenxs y nosotrxs o cualquier otra deformación lingüística que aluda a la ideología de género no será admitida bajo ninguna circunstancia«, reza el documento enviado por la también capitana del Ejército salvadoreño.
Bukele se pronuncia
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se pronunció sobre la medida en sus redes sociales. «Desde hoy queda prohibido el mal llamado ‘lenguaje inclusivo’ en todos los centros educativos públicos de nuestro país», aseguró el mandatario.
En febrero del año pasado, el entonces ministro salvadoreño de Educación, José Mauricio Pineda, anunció la eliminación de la ideología de género de las escuelas públicas. La institución argumentó que los contenidos con esta influencia ideológica habían «sido expulsados de guías, libros y demás materiales educativos que fueron hechos y difundidos por gestiones anteriores».
El anuncio de Pineda tuvo lugar el mismo día que el presidente de Argentina, Javier Milei, prohibió el uso del lenguaje inclusivo, perspectivas de género y las menciones en femenino en todos los documentos de la administración pública de su país. Argentina se convirtió en la primera nación de la región en implementar este tipo de lenguaje, que varias universidades comenzaron a utilizar en 2017.