En esta ocasión el magistrado la acusa de malversación de caudales públicos, basándose en tres correos electrónicos enviados por su asesora personal, Cristina Álvarez.
Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha declarado este miércoles en un juzgado acusada de un delito de malversación de caudales públicos vinculado a la contratación de su asesora personal en la Moncloa, Cristina Álvarez.
Su comparecencia apenas ha durado dos minutos, durante los cuales tan solo ha contestado a cuatro preguntas de su defensa. Gómez ha reconocido que Álvarez pudo hacerle «algún favor» como amiga.
Esta ha sido la cuarta vez que Gómez ha declarado ante el juez Juan Carlos Peinado, en una causa en la que el magistrado ha ido añadiendo nuevas acusaciones desde que se abrió en abril del año pasado. Peinado también investiga a la acusada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
En las dos primeras citaciones, la esposa del presidente se acogió a su derecho a no declarar, mientras que en la tercera solo respondió a preguntas de su abogado.
Los correos de la discordia
El nuevo delito imputado de malversación de caudales públicos se basa en tres correos que fueron enviados por Cristina Álvarez. En ellos se hace una sucinta alusión a cuestiones relacionadas con la actividad laboral de Gómez, como la transmisión de un mensaje personal.
Meses atrás, el juez Peinado descartó que Gómez y Álvarez pudieran haber cometido el delito de malversación de caudales públicos. Sin embargo, hace unas semanas rectificó y decidió imputar a ambas, sosteniendo que la asesora realizó acciones fuera de aquellas para las que había sido contratada, que eran acompañar a la mujer del presidente, garantizar su seguridad, llevar su agenda y organizar actos de protocolo.
La defensa de Gómez recurre
La nueva declaración de Gómez llega después de que su defensa legal haya recurrido su citación como investigada por malversación, así como la orden del juez de recabar todos los correos electrónicos recibidos por la mujer del presidente en su cuenta oficial de Moncloa desde 2018.
La defensa de Gómez sostiene que no hay ningún indicio de malversación y considera que el juez Peinado está realizando una interpretación del Código Penal «exorbitada», «extremadamente extensiva y alejada de la realidad», según recoge Televisión Española.
Su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, cuestiona que se pueda abrir una causa penal simplemente porque se realice un favor personal en horario laboral.
