Luis Fernando Camacho, detenido por el caso ‘golpe de Estado I’, obtuvo un beneficio procesal. El opositor Marco Antonio Pumari tiene libertad «pura y simple».
El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ) dictó una medida de arresto domiciliario para el opositor Luis Fernando Camacho, gobernador suspendido de Santa Cruz, lo que implica un levantamiento de la detención preventiva.
La prensa local detalla que el juez instruyó el traslado de Camacho a Santa Cruz con salida laboral, por lo que estiman que el político podría recuperar su cargo, ocupado actualmente por el subgobernador, Mario Aguilera.
Por otra parte, la máxima corte le otorgó la libertad «pura y simple» al opositor Marco Antonio Pumari, quien fue procesado junto a Camacho en el llamado caso ‘golpe de Estado I’. La noticia trascendió la noche del martes y fue confirmada por los abogados defensores.
Diego Gutiérrez, abogado de Pumari, explicó que pese a la orden del juez, quedan pendientes las medidas cautelares que se impusieron al opositor en el juicio por la quema de las oficinas del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, en 2019.
Entre tanto, el Procurador General de Bolivia, Ricardo Condori, cuestionó los procedimientos. «No por el hecho de que exista alguna circular, alguna solicitud, puedes obligar a dejar libres a unas personas que no están cumpliendo con el código de procedimiento penal», aseveró.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, también se pronunció ante la decisión judicial. «Resulta incomprensible e indignante que crímenes de lesa humanidad, reconocidos como masacres por organismos internacionales como el Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes (GIEI), no reciban el debido tratamiento judicial», escribió en su cuenta de X.
Por ese motivo, tras reconocer «con absoluto respeto a la independencia de poderes», el mandatario instó a los operadores de justicia a dar prioridad a la dignidad de las víctimas. «Ellas merecen determinaciones justas y oportunas«, agregó.
Áñez se anota un tanto
En ese contexto, la opositora Jeanine Áñez logró que la justicia anulara otro de los procesos en su contra. La exmandataria de facto, que se posesionó ilegalmente tras el derrocamiento de Evo Morales, era investigada por su presunta implicación en la masacre de Sacaba, cuando las autoridades bajo su mando mataron a manifestantes.
En 2022, fue sentenciada a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, tras el golpe de Estado en contra de Morales. Sin embargo, la defensa de la exmandataria de facto logró la anulación de los juicios por la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) y la masacre de Senkata.
