Un pedido de los demandantes para revisar un fallo en la causa por manipulación de los datos de crecimiento del PBI fue rechazado.
La Cámara de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York (EE.UU.) ratificó un fallo a favor de Argentina en una demanda por la manipulación de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el denominado caso Aurelius, conocido también como ‘Cupón PBI’. De esta manera, la nación evitó el pago de unos 500 millones de dólares.
«La resolución constituye la confirmación de un reciente triunfo legal para la República Argentina, al impedir una potencial obligación de pago estimada en aproximadamente 500 millones de dólares», destacó la Procuración del Tesoro del país sudamericano, informaron medios locales.
Con esta decisión, la Cámara de Apelaciones ratificó la decisión que había tomado el 16 de julio pasado, cuando había rechazado la apelación y confirmado la sentencia que la jueza Loretta Preska emitió en julio del año anterior.
El tribunal consideró que los fondos demandantes no cumplieron con una cláusula contractual de ‘no acción’, que fijaba los requisitos que los bonistas debían respetar antes de emprender cualquier acción legal. Por eso, tampoco fue evaluada la cuestión de fondo, sobre si realmente existió manipulación de datos por parte del Indec en 2013.
Las cifras del PBI, en el centro de la polémica
En su demanda, los bonistas argumentaron que Argentina cambió ese año la fórmula para calcular el crecimiento de la economía para evitar así pagos atados a la mejora del Producto Bruto Interno. Tampoco publicó la información del último trimestre de 2013 y aseguró que el crecimiento anual había sido del 3,2 %, mientras que los pagos debían realizarse si se alcanzaba el 3,3 %.
Los acreedores aseguran que con la metodología de cálculo original, Argentina debía haber pagado los intereses de los cupones de 2014 a 2018, de 2021 y de 2022.
Otros reclamos
La modificación de las cifras del Indec para calcular el PBI generó otras dos demandas. Una de ellas, también en Nueva York, por la serie en dólares, y la otra, en Londres, por los bonos en euros. En este último caso, Argentina fue condenada en primera instancia a pagar 1.300 millones de euros por los intereses correspondientes a 2013.
El fallo también obligó al país a continuar las publicaciones de la metodología utilizada desde 1993 y a pagar a los tenedores de bonos los montos que hubiesen correspondido de mantener el cálculo original.
Hasta el momento se abonaron solamente unos 313 millones de euros. Esa cifra fue depositada en marzo de 2024 como garantía para intentar una apelación, instancia que fue rechazada.
