La iniciativa prevé mecanismos para su traslado desde Ceuta, Melilla y Canarias.
El proyecto para la relocalización en España de casi 4.000 menores migrantes no acompañados que mantienen saturados los sistemas de acogida de Canarias, Melilla y Ceuta dio este martes un nuevo paso al frente con la aprobación del Real Decreto que permitirá iniciar las reubicaciones. Según medios locales, ya ha sido establecida la cantidad de personas que cada región deberá recibir, que es de 32,6 por cada 100.000 habitantes, entre otros criterios.
Para que el proceso se active, es necesario que los distritos que tripliquen su capacidad de acogida se declaren en situación de «contingencia migratoria ordinaria», estado en el que solamente se encuentran los dos enclaves en el norte de África y las islas del Atlántico. Luego, una Subdelegación del Gobierno deberá enviar al destino la propuesta de reubicación e inscribir a los niños en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados. Cumplidos estos requisitos, el traslado debe realizarse en un plazo máximo de 15 días.
Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, afirmó que se trata de un «paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante». «Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y, si me permiten, también humanitaria», evaluó.
Criterios para recibir menores
Además de la cantidad de población de cada región, otros criterios son tenidos en cuenta para determinar el número de personas que se pueden recibir, como el Producto Bruto Interno, el nivel de desempleo o el «esfuerzo previo» en la recepción de migrantes.
Por lo tanto, la comunidad que mayor cantidad de personas está en condiciones de acoger es Andalucía, con 677. En segundo lugar se ubica Madrid, con 647, y en el tercero la Comunidad Valenciana, con 571. Sin embargo, estas cifras podrían cambiar, en función de las distintas variables que se contemplan.
Finalmente, el traslado de los menores estará a cargo de la comunidad que se declaró en emergencia. Para cumplir con los protocolos, el Gobierno destinó un fondo de 100 millones de euros (unos 115 millones de dólares).
Críticas a la ley
Ante el avance del plan de relocalización, diez comunidades que están gobernadas por el Partido Popular y Castilla-La Mancha ya recurrieron la iniciativa ante la Justicia, mientras que Madrid y Baleares reclamaron su suspensión. «Es un nuevo peaje a los partidos independentistas«, criticó Miguel Ángel García Martín, portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
«No sabemos ni edades ni necesidades de los menores», criticó Mar Vaquero, vicepresidenta de Aragón, mientras que el presidente de Murcia, Fernando López Miras, cuestionó que la distribución se realice sin que las regiones sean informadas. «No sabemos absolutamente nada. Lo saben solamente Pedro Sánchez, el Gobierno de España y sus socios, y el Gobierno del País Vasco», manifestó.
Por su parte, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, afirmó que se trata de un reparto «absolutamente sectario, poco realista y muy político». Además, criticó que Cataluña y el País Vasco no tengan que recibir menores debido a sus «pactos políticos para mantener en el sillón» a Pedro Sánchez.
