Ambientalistas y miembros de una tribu nativa presentaron una demanda contra el estado de Florida.
Un juez federal de Miami le dio al estado de Florida 60 días para desmantelar la prisión para inmigrantes, conocida como ‘Alligator Alcatraz’, después de que ambientalistas y la tribu Miccosukee protestaran por los impactos ambientales que estaba teniendo en la zona donde fue construida, informa Washington Post.
«La orden del juez llegó justo a tiempo para evitar que todo se desmoronara», declaró la abogada del Centro para la Diversidad Biológica, Elise Bennet, quien también señaló que el «brutal» centro de reclusión estaba destruyendo uno de los mayores humedales del país, los Everglades, plagado de caimanes, cocodrilos y serpientes pitón.
Asimismo, en la zona de los Everglades están presentes 15 pueblos originarios, los Miccosukee y los Seminole. Además, hay lugares ancestrales y ceremoniales que se encuentran dentro de la Reserva Nacional Big Cypress, donde se ubica el aeródromo del sitio.
De acuerdo con la prensa local, ‘Alligator Alcatraz’ tendría un costo de 450 millones de dólares anuales y una capacidad para 5.000 personas. Los gastos habrían sido cubiertos inicialmente por Florida y luego reembolsados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.
Su construcción se llevó a cabo mediante un decreto de emergencia que tomó como base una orden ejecutiva emitida años atrás por el gobernador Ron DeSantis, lo que ayudó a eludir leyes y regulaciones habituales. Dicho movimiento es considerado por los críticos como un «abuso de poder».
No obstante, los ambientalistas y los Miccosukee lograron presentar la demanda en virtud de la Ley Nacional de Política Ambiental, la cual exige a las agencias federales preparar informes detallados que evalúen el impacto ambiental y las alternativas a las principales acciones federales que afecten significativamente al medio ambiente. El fallo le da a Florida 60 días para actuar, aunque las autoridades estatales ya han presentado una apelación.
