El Departamento de Estado sostiene en un informe que la justicia brasileña adoptó «medidas amplias y desproporcionadas para socavar la libertad de expresión y la libertad en internet».
El Departamento de Estado de EE.UU. publicó este martes —en plena guerra arancelaria del Gobierno de Donald Trump contra Brasil— un informe en el que concluye que «la situación» de los derechos humanos en ese país suramericano «se deterioró» durante 2024, porque, según su criterio, se socavó la libertad de expresión y de internet, al igual que «el debate democrático».
En el reporte, el órgano estadounidense señala que la justicia brasileña adoptó «medidas amplias y desproporcionadas para socavar la libertad de expresión y la libertad en internet, bloqueando el acceso a información de millones de usuarios».
Este señalamiento apunta específicamente a la red social X, que fue suspendida temporalmente en el territorio brasileño debido a que la empresa, propiedad de Elon Musk, debía cumplir con órdenes judiciales, pagar multas y nombrar un representante legal para Brasil, situación que EE.UU. no dudó en calificar de «caso de acoso».
«El Gobierno socavó el debate democrático al restringir el acceso a contenido en línea considerado ‘socavador de la democracia’, reprimiendo de forma desproporcionada la libertad de expresión de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, así como la de periodistas y políticos electos, a menudo en procedimientos secretos que carecían de las garantías del debido proceso», reza el mencionado informe.
Según la Administración Trump, el Gobierno de Brasil «también reprimió expresiones políticamente desfavorecidas», esgrimiendo «que constituían ‘discurso de odio’, un término vago y sin relación con el derecho internacional de los derechos humanos». Además, considera que la Administración de Luiz Inácio Lula da Silva, «no siempre tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos».
Para EE.UU., la justicia brasileña ha mostrado «problemas significativos de derechos humanos» al no castigar realidades que recogen «informes fidedignos» mencionados por Washington, como «ejecuciones arbitrarias o ilegales; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; arrestos o detenciones arbitrarias; así como graves restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, incluida violencia o amenazas de violencia contra periodistas».
