Empresas privadas reclutan y contratan a exmilitares para que intervengan en conflictos internacionales.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió que se investigue cuántos colombianos murieron a bordo de un avión de Emiratos Árabes que habría sido derribado por el Ejército de Sudán, según la televisión de ese país africano.
En una interacción, el mandatario dijo que le solicitó a la embajadora colombiana en Egipto, Ana Milena Muñoz, que averigüe la cifra de fallecidos, puesto que «se habla sin confirmar de 40«. Asimismo, aseveró que tratarán de repatriar sus cuerpos.
Petro, quien en otras oportunidades ha expresado su deseo de que el mercenarismo sea prohibido en Colombia, pidió que se le dé el carácter de urgencia al proyecto de ley sobre este tema, que fue introducido en el Parlamento a mediados de 2024.
El origen
El líder del Pacto Histórico considera que «al debilitarse» el conflicto armado que ha vivido su país durante décadas, los hombres entrenados para realizar operaciones militares han sido contratados por empresas privadas para generar «la guerra» en el exterior.
«Son asesinos los ‘patrones’ que mandan jóvenes a matar y a ser muertos por nada. Son espectros de la muerte que aborrecen su juramento a Bolívar’, agregó el jefe de Estado.
Según una publicación de La Silla Vacía comentada por Petro el año pasado, hay más de 300 exmilitares colombianos que trabajan para dos compañías dentro de Sudán o que tienen previsto desplazarse a Libia.
¿De qué se trata el proyecto para prohibir el mercenarismo?
En 2024, el Gobierno colombiano introdujo ante el Congreso el proyecto de ‘Ley para aprobar la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios’, que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 4 de diciembre de 1989.
Con esa propuesta, el país suramericano busca enfrentar las organizaciones privadas que «instrumentalizan a los militares colombianos retirados, a veces con engaños«, según la página web de la Cancillería colombiana. Además, se aspira a «combatir las prácticas que atentan contra el orden público y constitucional y promueven delitos de lesa humanidad como genocidio o crímenes de guerra».
De aprobarse ese mecanismo, Colombia se compromete a no reclutar, utilizar, financiar ni entrenar mercenarios.
Desde hace años, empresas de seguridad privada han contratado a exmilitares colombianos como mercenarios para que se desplacen a países en conflictos o para que participen en las acciones violentas para deponer gobiernos, causar desestabilización y alterar el orden constitucional.
