Los analistas creen que la rapidez del proceso para anular la concesión de Hutchison Holdings en Panamá responde a la presión de Trump por control chino del canal.
Mientras avanza la negociación entre la hongkonesa CK Hutchison y la estadounidense BlackRock, para concretar la venta de los puertos de Balboa y Cristobal ubicados en ambas desembocaduras del Canal de Panamá, la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano admitió dos demandas interpuestas por la Contraloría General de la República hacia el Contrato-Ley que desde 1997 permite las operaciones de Panamá Ports, subsidiaria local de la empresa china.
Ambos recursos, uno por nulidad y otro por inconstitucionalidad, tienen el objetivo de anular un contrato que ha sido cuestionado durante años y por cuya concesión, Panamá habría dejado de recibir unos 1200 millones de dólares, según el informe publicado por el contralor desde el pasado mes de abril.
Los puertos en las costas del Atlántico y del Pacífico se encuentran dentro de una transacción de unos 23 mil millones de dólares que involucraría otras 41 terminales administradas por Hutchison en distintos países.
En Panamá el tema ha tomado relevancia tras la insistencia del presidente estadounidense Donald Trump sobre el cuento del control chino del canal interoceánico.
