Varsovia, 6 ago. La investidura hoy de Karol Nawrocki como presidente de Polonia, marca, según analistas, el inicio de un periodo de enfrentamiento con el Gobierno liberal del primer ministro Donald Tusk.
Ambos líderes representan visiones opuestas del país, por lo que es previsible que los próximos años estén marcados por conflictos entre poderes y una intensa batalla por el control de la narrativa política.
De corte ultraconservador Nawrocki es aplaudido por la extrema derecha y mirado con recelo por la Unión Europea.
Es un historiador de 42 años que se impuso a finales de mayo al liberal Rafał Trzaskowski tras una carrera tensa en la que logró el 50,89 de los votos en la segunda vuelta de las elecciones.
Asumirá el cargo con la promesa de impulsar una agenda conservadora, nacionalista y beligerante contra la Unión Europea y se espera que ejerza una férrea oposición a las medidas prometidas por Tusk.
Su llegada al Palacio Presidencial de Varsovia no solo simboliza la continuidad del poder ultraconservador en una de las instituciones clave del Estado, sino que establece las bases para un enfrentamiento directo con la coalición liberal de centroderecha, que ostenta el poder ejecutivo.
Aunque el cargo presidencial en Polonia tiene competencias limitadas, el derecho de veto legislativo lo convierte en un actor decisivo en el proceso político.
La alianza gobernante de Tusk no cuenta con la mayoría calificada de dos tercios necesaria para anular esa censura, lo que coloca a Nawrocki en una posición privilegiada para frenar cualquier intento de reforma estructural.
Por otra parte el nuevo mandatario, respaldado por el partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS) del presidente saliente Andrej Duda y por el voto decisivo de la extrema derecha de Confederación, llega con la intención declarada de bloquear al Gobierno.
Aboga por una política migratoria férreamente controlada con criterios nacionales, no europeos, con el rechazo total a la inmigración ilegal y a la construcción de centros de deportación.
También se opone al Pacto Migratorio y exige “prioridad nacional en el acceso a servicios y ayudas sociales” para los polacos frente a extranjeros, incluidos ucranianos.
Prometió combatir la ideología de género en las escuelas, las políticas de cambio de género para menores y revertir las decisiones tomadas por el Gobierno en este campo.
Así se perfila el escenario político en un país donde el presidente puede impulsar sus propias leyes, pero debe recibir después el visto bueno del Parlamento, lo que pudiera conducir a constantes desavenencias con la rama ejecutiva representada por Tusk.
