El arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro ha reactivado las tensiones diplomáticas entre Brasil y EE.UU., justo cuando ambos países comenzaban a dar los primeros pasos hacia una posible negociación sobre el nuevo arancel del 50 % a productos brasileños, que entra en vigor este miércoles.
Tras la formalización del nuevo arancel, la Secretaría del Tesoro de EE.UU. contactó al Ministerio de Hacienda de Brasil para agendar una ronda de negociaciones. Mientras, Donald Trump declaró la semana pasada que estaba dispuesto a conversar telefónicamente con Lula.
Sin embargo, la decisión del juez brasileño Alexandre de Moraes de ordenar el arresto domiciliario de Bolsonaro el lunes ha puesto en jaque esos esfuerzos.
Desde Washington, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado condenó la medida y acusó al magistrado de «usar las instituciones brasileñas para silenciar a la oposición y amenazar la democracia».
¿Revisión de las sanciones?
Funcionarios del gobierno brasileño, citados por el diario Folha de S.Paulo, reconocen con cautela que la orden judicial podría enfurecer a Trump, quien podría usarla como argumento para bloquear el proceso de negociación.
Aunque el presidente estadounidense declaró que Lula puede llamarlo «cuando quiera» para hablar sobre los aranceles, en Brasil desconfían de su disposición real a negociar.
Según fuentes del Ejecutivo brasileño, una conversación entre ambos líderes requiere un protocolo diplomático específico que no se ha activado. Además, afirman que Trump estaría condicionando cualquier revisión de las sanciones a una flexibilización de las medidas judiciales contra Bolsonaro.
Un asesor de Lula advirtió también que cualquier contacto entre los mandatarios debería estar cuidadosamente planificado y con los temas previamente acordados, ya que un diálogo improvisado podría agravar aún más la tensión.
Asimismo, varios expertos alertaron sobre una posible escalada. Graziella Testa, profesora de Ciencia Política en la Universidad Federal de Paraná, declaró a Reuters que el arresto de Bolsonaro podría darle a Trump un pretexto para imponer nuevas medidas contra Brasil.
En la misma línea, Leonardo Barreto, analista político de la consultora Think Policy en Brasilia, señaló que la decisión judicial será vista como una reacción directa a la reciente sanción impuesta por EE.UU. contra De Moraes.
El juez fue incluido en la «lista de nacionales especialmente designados», también conocida como «lista SDN», una sanción que ejecuta EE.UU. con base en una norma extraterritorial llamada Ley Magnitsky, creada, según ellos, para castigar personas involucradas en abusos de derechos humanos, corrupción o que facilitan estas prácticas.
Según Folha de S.Paulo, fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que la esposa del magistrado, Viviane Barci, será añadida a la lista. Partidarios de Bolsonaro afirmaron que otros jueces del Supremo Tribunal Federal podrían seguir el mismo camino.
