El falseamiento de la formación académica de los políticos españoles o las dudas sobre su veracidad pueden ser la consecuencia de un cambio estructural en la composición de la clase política, donde la profesionalización de la actividad no deja espacio a la formación. Elitismo, meritocracia y complejo de inferioridad operan de forma explosiva.
Varios cargos políticos dimitieron de sus puestos de responsabilidad a finales de julio por falsear sus currículos y atribuirse títulos académicos que, en realidad, no poseían. Estos episodios reavivan el debate sobre la honestidad de la clase política y la necesidad de un mayor rigor en la verificación de los méritos declarados.
El día 23, la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular (PP), la diputada nacional Noelia Núñez, presentó la dimisión de todos sus cargos y entregó su acta de congresista, luego de conocerse que no terminó sus estudios en el doble grado de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública, titulación que aparece, «por equivocación», dijo, en su ficha personal del Congreso. Además, Núñez figuraba como docente de Ciencias Políticas en el campus de Madrid de la universidad privada guatemalteca Francisco Marroquín, actividad que esta institución ahora refuta.
Una semana después, el comisionado especial del Gobierno para la reconstrucción de Valencia tras las inundaciones, José María Ángel, renunció a su puesto y también cesó como presidente del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. Un informe de la Agencia Valenciana Antifraude estima que Ángel «falsificó» su diplomatura en Archivística y Biblioteconomía para acceder al cuerpo de funcionarios del Estado en 1982, extremo que él niega.
Y el 1 de agosto, Ignacio Higuero de Juan, exmiembro de Vox y consejero de Gestión Forestal y Mundo rural en la región de Extremadura, gobernada por el PP, dimitió de su cargo al conocerse por dos investigaciones periodísticas de las publicaciones El Plural y El Salto que la licenciatura en Marketing aducida en su curriculum, aún no existía en España en el momento de su teórica obtención (1993).
En la Comunidad Valenciana, pese a regir desde 2017 la ley de Transparencia y Buen Gobierno, una veintena de altos cargos del Gobierno regional (PP) aún no han certificado sus teóricas titulaciones académicas en el portal de transparencia, más de dos años después de acceder a sus puestos.
Las dudas sobre la veracidad de la formación académica de los políticos alcanzan también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La autoría de su tesis doctoral viene siendo cuestionada desde hace años por la oposición y sus altavoces mediáticos.
En Andalucía, su presidente, Juan Manuel Moreno (PP), luego de atribuirse en su primera época de parlamentario nacional en el Congreso de los Diputados (2000-2004) una licenciatura en Dirección y Administración de Empresas que no tenía, ha ido rebajando su currículum a lo largo de los años. Tras la dimisión de Noelia Núñez, en la ficha de datos personales de la web oficial del Parlamento andaluz, ya no figura ninguna información sobre el currículum de Moreno.
El marco amplio de la corrupción
Todas estas polémicas se dan en un momento de creciente desconfianza ciudadana hacia la clase política y de insatisfacción con el funcionamiento del sistema de gobierno.
En su encuesta de mayo sobre la calidad democrática en España, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) reflejó que la mayoría de los encuestados no estaba «nada satisfecho» (30,6%) o estaba «poco satisfecho» (24,3%) con el funcionamiento de la democracia. En su estudio de julio, se constató «la corrupción y el fraude» como el segundo gran problema del país (25,3%) tras el del acceso a la vivienda (30%). Y hasta un 12,1% señaló al «mal comportamiento de los políticos».
Y esto sucede en un contexto donde el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa establece que España todavía no ha satisfecho algunas de sus recomendaciones en materia de lucha contra la corrupción. El organismo ha criticado la opacidad en la actividad de los lobbies, la falta de control sobre los asesores de cargos públicos y la continua inacción del Gobierno ante los privilegios procesales de los aforados, aparte de una falta de transparencia en las actuaciones de la Policía Nacional.
La cultura política
La cascada de dimisiones y las dudas recurrentes sobre la veracidad de los méritos académicos de los políticos invita a plantearse si estos hechos son un reflejo de la cultura política del país y si tales prácticas contribuyen al paulatino desgaste del sistema.
Para el jurista Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla (US), el problema surge producto de una «idea falsa de la meritocracia» que otorga coherencia política al mérito académico. A su juicio, esta tendencia se inició en España con la aparición de Podemos y Ciudadanos, los partidos de la llamada «nueva política», cuyos líderes y miembros estaban muy cualificados.
«Pero la meritocracia equipara la capacidad de análisis político y la coherencia con las ideas, no consiste en tener un título del que presumir y por el que se sabe mucho. Meritocracia no es tener un título, meritocracia es demostrar coherencia con las ideas», explica a Sputnik.
La situación incluso propició que algunas universidades contribuyan a inflar el curriculum de los políticos con másteres realizados en condiciones sospechosas, como pasó con la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes (PP), y la exministra Carmen Montón (PSOE), a quienes se expidieron sendas certificaciones de manera fraudulenta, sin asistir a las clases. «Se ha extendido la idea de que es necesario tener un máster de feminismo para hablar de feminismo, o un máster de política para hacer política», lamenta.
Uniformización de la clase política
La tentación de inflar el currículum obedece también al cambio operado en la composición de la clase política, donde la carrera profesional de los miembros de los partidos se realiza cada vez más exclusivamente en su seno, donde se crea una estructura funcionarial.
«Es el partido cártel, como decían Peter Mair y Richard Katz. Ya no es el viejo partido de masas. El político de hoy es un político profesionalizado, de ahí que la calidad de los cuadros haya bajado enormemente. Así que muchos políticos actuales vienen de la escuela de su propio partido y no tienen titulación universitaria, o la tienen muy pobre», asegura el exparlamentario por Unidas Podemos (UP), Manuel Monereo.
En conversación con Sputnik, este politólogo afirma que de las titulaciones universitarias se ha hecho un «instrumento de promoción interna» en los partidos. «Es ahí es cuando usan y abusan de la propia titulación, inventándose cosas que no tienen», señala.
«Cuando aparece Podemos, se generaliza esta uniformización de la clase política en torno a los titulados universitarios, porque la mayoría de los cuadros dirigentes de Podemos eran todos profesores y titulados universitarios con mucho nivel», explica Monereo, que apunta que, en su época de diputado, el exjornalero Diego Cañamero era «el único obrero de UP».
Elitismo versus democratización
El fenómeno de inflar los currículums con cuantas más titulaciones y especialidades mejor responde, en opinión de Monereo, a una reacción elitista de cierta clase política ante la democratización de la enseñanza superior, algo que contagia también a la izquierda.
«Es una visión supremacista que, en el caso de la izquierda, la ha alejado de la clase trabajadora», afirma Monereo. A su juicio, el «valor de cambio del título universitario» se ha degradado en el espectro de la política, de ahí que operen mecanismos para «obstaculizar la democratización» de los títulos universitarios y seguir sosteniendo la escala elitista. «Ahí es donde aparecen los másteres y los doctorados», explica.
«Yo no pienso que se trate más de elitismo que de complejo de inferioridad», puntualiza Paloma Román, profesora de ciencia política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que resalta el deseo de los políticos de tener una «presencia mediática potente» e impulsarse a tal fin «con títulos inexistentes o adquiridos fraudulentamente».
Román recuerda a Sputnik que, tradicionalmente, los políticos inflaban sus méritos académicos en el apartado de idiomas, dado el desconocimiento de lenguas extranjeras entre las viejas generaciones. En cualquier caso, la revelación de cualquier imprecisión es fatal para un político. «Porque se convierte en munición política en manos del adversario, quien tampoco está exento de que no le ocurra», asegura.
La falta de transparencia en el ámbito de los asesores, bajo crítica en el informe del GRECO, es muy descriptiva, dado que su labor profesional requiere de titulación.
«Es una situación contraria a los políticos; no hace falta ser titulado para representar a los ciudadanos que te votan. Otra cuestión es si aconsejan presentar un currículum con títulos relumbrantes para mejorar la imagen del político. Si es así, no son buenos asesores», concluye Paloma Román.
