Madrid, 9 jul. El Plan Estatal frente a la corrupción anunciado por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, recibió hoy el rechazo de la oposición y fue cuestionado por sus aliados.
En una esperada comparecencia en el Congreso de Diputados, Sánchez se concentró en el tema que mantiene en vilo la continuidad de su legislatura por varios casos de corrupción que salpicaron a exfiguras del Partido Socialista (PSOE), también cercanos colaboradores del gobernante.
También como previsto, se dio en la Cámara Baja un debate bronco, con airadas descalificaciones y críticas demoledoras contra Sánchez por parte del líder del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y de la ultraderecha de Vox, Santiago Abascal.
Además de llamarlo “político destruido”, Feijóo emplazó al jefe del Ejecutivo a decir «todo lo que sabe», a devolver el supuesto «botín» de la trama de corruptela y a convocar de forma inmediata elecciones.
Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, tampoco fue complaciente con el ocupante del Palacio de la Moncloa, al señalarle que “gobernar no es resistir, es transformar”, aunque al mismo tiempo lanzó afilados dardos al PP y a Vox.
En cualquier caso, Sánchez cumplió con su guion al exponer el paquete de 15 medidas, entre las que destaca la creación de una agencia especializada para perseguir las prácticas de la corrupción.
Asimismo, la incautación de bienes adquiridos de forma fraudulenta, introducción de aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) relacionadas con el tema y un mayor control a las finanzas de los partidos.
La iniciativa comprende cinco grandes ejes, contenidos en un documento de 33 páginas y abarca además el cumplimiento de las medidas contra la corrupción por parte de las empresas que quieran contratar con las administraciones,
Igualmente, una nueva Ley de Administración Abierta que reforzará la obligación de transparencia activa, con mecanismos de alerta temprana, así como actualización del Portal de Transparencia y controles patrimoniales aleatorios y anuales para altos cargos.
Protección a los denunciantes de corrupción; refuerzo de la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar estas prácticas; o la creación de secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados.
Completa el esquema de las iniciativas, avanzar en el refuerzo de la Fiscalía Anticorrupción con más medios y remisión al Parlamento de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal; endurecimiento de las penas por delitos contra la Administración Pública; y un sistema de exclusión y «listas negras» para que no puedan seguir contratando.
Termina con el endurecimiento de las sanciones a los partidos por infracciones contables y retirada de subvenciones; aumento de medios y plantilla de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos; introducción de la figura del decomiso administrativo o preventivo; y realización de estudios demoscópicos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción en España.
