Tenedores de bonos demandan a Argentina en EE.UU. por más de 1.440 millones de dólares.
Tenedores de bonos de Argentina atados al tamaño del producto interno bruto (PIB) presentaron hoy una nueva demanda ante la Corte del Distrito de Columbia, en EE.UU., para reclamar una indemnización de 1.330 millones de euros –unos 1.443 millones de dólares– al Estado por presuntas pérdidas derivadas del cambio de la base de cálculo del tamaño de la economía, reporta La Nación.
Se trata de algunos de los acreedores que el pasado año ganaron un juicio contra el país suramericano ante el Tribunal Superior de Londres, cuya sentencia fue ratificada tanto en el Tribunal de Apelaciones de Londres como en la Corte Suprema del Reino Unido. El objetivo de este nuevo recurso judicial sería obtener el reconocimiento del fallo en Londres.
De acuerdo con el estatus legal del caso, Buenos Aires está en mora con el pago ordenado por la justicia, pues si bien ejecutó una garantía de 313 millones de euros –aproximadamente 325 millones de dólares– que se vio obligado a depositar en marzo de 2024 para tener derecho a apelar, todavía adeuda unos 1.150 millones de dólares.
En estas circunstancias, los acreedores acudieron al mismo tribunal al que recurrió el fondo Titan Consortium, que aún aspira a cobrar una indemnización de 327 millones de dólares que ordenó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en razón de la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008.
«A pesar de no contar con más vías de apelación, la Argentina no ha presentado a los demandantes ninguna propuesta de pago de las sumas adeudadas conforme a las sentencias dictadas en Inglaterra, ni ha respondido formalmente a las propuestas que le fueron acercadas», aseveraron los afectados, que están representados ante la Justicia estadounidense por la firma Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.
Los reclamantes invocaron asimismo el acuerdo suscrito entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el que se precisa que el país debe realizar «esfuerzos activos y de buena fe» para resolver sus diatribas jurídicas con acreedores. Del mismo modo, negaron que estuvieran en curso negociaciones con las autoridades argentinas.
«El programa con el FMI establece como objetivo explícito el retorno al acceso a los mercados internacionales, algo que requiere el respaldo de los acreedores. Pero no debería —ni podría— haber acceso efectivo mientras el país siga incumpliendo las sentencias emitidas por la Justicia inglesa», alegaron los representantes legales.
¿Qué pasó?
Los orígenes del caso se remontan a 2005, cuando el Ejecutivo argentino planteó utilizar un cupón atado al PIB para obtener canje de deuda. En el acuerdo con los tenedores de bonos, Argentina se comprometía a pagarles intereses siempre que el crecimiento superara el 3 %, y así se hizo hasta 2011, cuando se produjo un estancamiento económico.
No obstante, la demanda se centra en el cambio de la base de cálculo del PIB que se realizó en 2014. La base de cálculo previo databa de 1993 y se hacía sobre la base de una canasta de bienes y servicios que era necesario ajustar periódicamente. Tras la actualización, la estimación del PIB correspondiente a 2013 fue menor a la proyectada con la metodología anterior y allí comenzaron los conflictos con los inversionistas, al tiempo que el Estado se ahorró de pagar unos 3.000 millones de dólares.
En la decisión tomada en primera instancia por la corte londinense se argumentó que el cambio metodológico para el cálculo del PIB derivó en pérdidas para los bonistas, razón por la cual se determinó que los títulos de valores debían recibir intereses calculados desde diciembre de 2014 en adelante.
Por contra, los defensores de Argentina señalan que la modificación en la base de cálculo era necesaria para crear un esquema de honra de compromisos que resultara sustentable. «Sin los cambios, los retornos de los cupones se ajustarían según un parámetro desactualizado del crecimiento de la economía, sin vínculo con la expansión real del país», indicaron.
Frente a esto, los demandantes exigen que se use la metodología antigua de cálculo del PIB para todos los pagos que se realicen hasta 2035, según le explicara a La Nación Aidan O’Rourke, adscrito al despacho de abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.
