Un estudio académico advierte que la economía del estado norteamericano podría sufrir un impacto severo en sectores estratégicos.
La deportación de trabajadores indocumentados podría costarle a California más de 275.000 millones de dólares en producción económica y 23.000 millones anuales en recaudación fiscal. Así lo advierte un nuevo informe que pone cifras concretas al impacto que tendría la política migratoria de Donald Trump sobre sectores claves como la agricultura, la construcción y los servicios.
El estudio fue elaborado por la Universidad de California en Merced y el Bay Area Council Economic Institute. Según sus autores, 8 % de la fuerza laboral del estado —cerca de 1,5 millones de personas— está compuesta por inmigrantes indocumentados, cuya expulsión provocaría una «dislocación económica de gran escala».
Los datos se basan en proyecciones económicas, registros fiscales y entrevistas a empresarios, autoridades locales y trabajadores. Las zonas más afectadas serían el Valle Central, Los Ángeles, el Área de la Bahía y el Inland Empire, regiones que dependen fuertemente del trabajo migrante.
Pérdida de empleos
«Estamos hablando de una crisis de reemplazo. No hay reservas laborales suficientes para cubrir esa pérdida sin que se derrumbe la productividad y aumenten los precios», afirmó la profesora María-Elena De Trinidad Young, investigadora principal del informe.
El documento también advierte sobre el efecto dominó: más allá de la pérdida directa de empleos y recaudación, la salida forzada de migrantes afectaría a pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas propiedad también de inmigrantes, y reduciría el consumo en barrios enteros.
Temor y baja del consumo
Además del golpe económico, el informe destaca un fenómeno ya en marcha: el miedo. Comerciantes del área de San Francisco informaron sobre caídas en las ventas y en las visitas a locales por temor a redadas o detenciones. «La gente está dejando de salir, de trabajar, de comprar», resume una de las fuentes citadas.
En total, los inmigrantes indocumentados aportan al menos 5 % del PIB estatal. Si se suman los efectos indirectos —consumo, servicios, encadenamientos productivos—, el impacto supera el 9 %. La conclusión del informe es clara: más allá de un cambio migratorio, la deportación masiva implica una amputación económica.
