El texto aprobado no implica el fin de la consulta popular impulsada por el mandatario.
Tras varias semanas de discusión y tensiones, el Senado de Colombia aprobó este martes una reforma laboral con todos los puntos que propuso el presidente Gustavo Petro, aunque todavía el texto deberá ser conciliado con lo que aprobara la Cámara de Representantes antes del venidero viernes, cuando vence el período legislativo de sesiones.
Entre otros beneficios, la iniciativa prohíbe los contratos por horas –al considerar que se trata de una forma estructural de precarización laboral–, pero garantiza el pago de recargos de 100 % por domingos y días festivos trabajados, contratos especiales y con garantías para los aprendices, el recargo nocturno a partir de las 7 pm y la vinculación laboral de madres trabajadoras en hogares infantiles, recoge El Tiempo.
«Lo que ha sucedido hoy con la reforma laboral es un legado inédito, como nunca antes había pasado en la historia del país. Hoy, los sindicalistas, la clase trabajadora y todos los que trabajan, van a tener un empleo digno y decente, gracias a este Gobierno. Lo que ha pasado hoy, no había pasado en 100 años de historia laboral», valoró el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien fue una figura clave en las negociaciones con el Legislativo.
Aunque el documento aprobado esta jornada por la cámara alta estaría recogiendo todas las demandas que formuló el Ejecutivo, no estaba claro si eso pondría fin automáticamente a la consulta popular sobre la misma materia que impulsa Petro, ahora mismo en proceso de evaluación por parte de la Corte Constitucional.
«Sigue vigente la consulta popular por decreto hasta la votación de conciliación del proyecto», sostuvo al conocer que una porción del Senado negó la emisión de un voto a favor de la consulta.
Asimismo, antes de conocerse las decisiones legislativas, el mandatario escribió en su perfil de X que «independientemente de la decisión que tome la corte constitucional», el decreto que firmó «con toda la legitimidad de ser el presidente de la nación por libre voto popular, se respeta, goza de presunción de legalidad, y es obligatoria su aplicación«.
En caso contrario, sostuvo, se trataría de «sedición». «Solicito a toda la corriente de abogados democráticos iniciar acciones pertinentes, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico», completó.
