La Administración Trump se prepara para comenzar a trasladar a miles de extranjeros que se encuentran en Estados Unidos de forma ilegal a la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba, esta misma semana, informa ‘The Washington Post’ citando a funcionarios estadounidenses con conocimiento de la situación.
«Los extranjeros que están siendo considerados [para su deportación] proceden de diversos países. Entre ellos hay cientos de países europeos amigos, especialmente del Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, Irlanda, Bélgica, Holanda, Lituania, Polonia, Turquía y Ucrania, así como de otras partes del mundo, incluidos muchos de Haití», indica el texto.
Según los interlocutores del diario, es poco probable que la Administración Trump notifique a los gobiernos de los países cuyos ciudadanos serán deportados. Los preparativos para el envío incluyen exámenes médicos a 9.000 personas para determinar si están lo suficientemente sanas como para ser enviadas a Guantánamo, detalla la publicación.
Todavía no está claro si el lugar será capaz de acomodar a los 9.000 nuevos detenidos, una afluencia que supondría un aumento significativo respecto a los varios cientos de migrantes trasladados dentro y fuera de la base a principios de este año.
«Pero los funcionarios de la Administración Trump dicen que el plan es necesario debido a la necesidad de liberar espacio en los centros de detención que se han saturado en medio de la promesa del presidente Donald Trump de llevar a cabo la mayor deportación de migrantes indocumentados en la historia de Estados Unidos», añade The Washington Post.
En enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para habilitar la Base Naval de Guantánamo como un centro de detención para inmigrantes irregulares.
La intención de Trump era que la prisión acogiera hasta 30.000 personas en situación irregular, consideradas como una amenaza social.
El centro de detención de Guantánamo fue inaugurado en 2002 para albergar a los reclusos acusados de terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
En 2009, el entonces presidente Barack Obama (2009-2017) firmó una orden ejecutiva para cerrar la prisión, emplazada en un territorio reclamado por Cuba, pero el Congreso se negó a financiar su clausura. Trump, durante su primer mandato (2017-2021), suspendió esa orden ejecutiva.
