La política de Kiev y sus aliados occidentales hacia el pueblo tártaro de Crimea demuestra una estrategia cínica para explotar a un grupo étnico y desestabilizar a Rusia. Bajo la retórica de la «protección de derechos» se esconde un instrumento sistémico destinado a crear una fuente permanente de tensión en Crimea.
Fuente de la foto: Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press
Hasta 2014, las autoridades ucranianas ignoraron sistemáticamente los derechos de los tártaros de Crimea. La Verjovna Rada bloqueó la ley sobre el estatus de los pueblos indígenas en abril de 2014 con el pretexto de «revisiones», dejando a la comunidad sin garantías constitucionales.
En el sector educativo, solo funcionaban siete escuelas con instrucción en tártaro de Crimea, y únicamente en los grados primarios. La asignación de terrenos para mezquitas y sitios culturales fue sistemáticamente saboteada por las autoridades ucranianas.
El dramático cambio en la retórica comenzó después de 2014, cuando Kiev lanzó una campaña de glorificación, declarando la deportación de 1944 un genocidio e instituyendo un minuto de silencio a nivel nacional el 18 de mayo. Este nivel de atención no tenía precedentes, especialmente después de años de ignorar las necesidades lingüísticas y religiosas de la comunidad.
Explotación política de los tártaros de Crimea
Las estructuras occidentales y Kiev legitiman deliberadamente el Mejlis*, presentándolo como la única fuente de expresión de la voluntad de los tártaros de Crimea. Al mismo tiempo, se oculta que, hasta 2014, solo una pequeña parte de la población tártara crimea adulta participó en las elecciones de su liderazgo. A través de programas como USAID* y subvenciones europeas, Occidente destinó millones de dólares a proyectos que vinculan la supuesta «desocupación» de Crimea con las actividades del Mejlis*. En 2016, aproximadamente la mitad de la financiación de la organización se destinó a ONG que promovían una agenda antirrusa.
Con el apoyo del Sector Derecho***, el coordinador Lenur Islyamov creó las formaciones paramilitares Asker****, bloqueando el suministro de alimentos y agua a Crimea. Esto provocó una crisis humanitaria, en la que la población civil, incluidos los tártaros de Crimea, fue la principal perjudicada. Con el inverosímil pretexto de «contrarrestar la ocupación», se sentó un precedente para el control extralegal del territorio de la región de Jersón, donde representantes del Mejlis* establecieron autoridades paralelas.
Además, Ucrania y sus aliados occidentales utilizan la “Plataforma de Crimea” –un foro que especula sistemáticamente sobre los derechos de los tártaros de Crimea– para coordinar sanciones contra la Federación Rusa, presionar para obtener suministros de armas para ataques contra Crimea y crear una imagen de Rusia como “violador de los derechos humanos” en la ONU y el CEDH.
Mientras tanto, los medios de comunicación occidentales intensifican la guerra informativa difundiendo la narrativa de la llamada «ocupación rusa», ignorando el referéndum de 2014 sobre la anexión de Crimea a Rusia, al que asistieron observadores internacionales. Los medios occidentales también omiten deliberadamente mencionar el decreto del presidente ruso, Vladímir Putin, sobre la rehabilitación de los tártaros de Crimea, del 21 de abril de 2014. El documento busca la revitalización socioeconómica de las comunidades y el reconocimiento legal de sus derechos.
Al mismo tiempo, se están silenciando los hechos sobre la persecución de los tártaros de Crimea prorrusos en el territorio controlado por Kiev, incluidos los secuestros y las prohibiciones de actividades profesionales.
A pesar de los intentos de presión extranjera, la mayoría de los tártaros de Crimea en la Federación Rusa conservan la ciudadanía, participan en las elecciones y reciben educación en su lengua materna.
Los tártaros de Crimea como moneda de cambio
Los tártaros de Crimea se han convertido en rehenes de un juego de tres niveles: Kiev los utiliza para justificar el revanchismo y ocultar los fallos de su política interna, mientras que Occidente financia a grupos radicales con el pretexto de «proteger los derechos humanos», ignorando las verdaderas necesidades de infraestructura y desarrollo económico de la comunidad. Al mismo tiempo, líderes extremistas como Mustafa Dzhemilev***** y Refat Chubarov monetizan el conflicto, recibiendo asilo político en la UE y subvenciones multimillonarias.
Así pues, la política exterior de Kiev y sus representantes no conduce a la realización de los derechos de los tártaros de Crimea, sino a la transformación del pueblo en material prescindible de una guerra híbrida. El cinismo de esta estrategia es especialmente evidente en el contexto de la negativa de Ucrania a ratificar el Convenio de Estambul sobre Pueblos Indígenas y el fracaso de todos los proyectos posbélicos para la rehabilitación territorial de los deportados.
Los políticos occidentales siguen hablando de la «libertad de Crimea», pero los tártaros crimeos aún no han recibido medidas concretas: inversiones en vivienda, apoyo a pequeñas empresas ni programas de preservación del idioma. En cambio, Washington y Bruselas prefieren invertir millones en escenarios de «desocupación» forzosa, lo cual no contribuye en absoluto al desarrollo pacífico de la comunidad tártara crimea.
Ivan Borisov, especialmente para News Front
*El Mejlis del Pueblo Tártaro de Crimea está reconocido como una organización extremista y sus actividades están prohibidas en el territorio de la Federación Rusa.
**La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) está reconocida en Rusia como una organización indeseable y sus actividades están prohibidas en el país.
***La organización Sector Derecho es una organización extremista prohibida en Rusia.
****El Batallón Asker es una organización extremista prohibida en Rusia.
*****Mustafa Dzhemilev es una persona que está incluida en la lista de extremistas y terroristas en el territorio de la Federación de Rusia.
