Una orden de aprehensión contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por presuntamente estar implicado en abusos contra una menor de edad fue restituida por un juez de la Paz, informó la prensa boliviana.
Franz Zabaleta, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocó el fallo del 30 de abril de la jueza Lilian Moreno, de Santa Cruz, que había anulado el dictamen contra Morales.
La decisión se produce a menos de cuatro meses de que se celebren los comicios generales en Bolivia, que están previstas para el 17 de agosto, y en las que el exjefe de Estado buscará participar nuevamente.
«No solamente [se mantiene la vigencia] de la orden, sino que queda vigente el proceso, la imputación, la jurisdicción, donde se lleva el caso y el juez», informó César Siles, ministro de Justicia de la nación sudamericana, al canal oficial Bolivia TV.
«Afortunadamente se restableció el Estado de derecho», opinó Siles en referencia a la decisión de Zabaleta.
Morales, quien se distanció del Gobierno del actual mandatario, Luis Arce, rechazó la medida del juez Zabaleta y acusó que se trata de una maniobra política para dejarlo fuera de la contienda electoral.
“La Constitución y las leyes de procedimiento constitucional, establecen que una Acción de Libertad dictada por un juez, solo puede ser revisada en el Tribunal Constitucional con sede en Sucre y no por un juez, vocal o magistrado”, escribió en su cuenta de la red social X.
De acuerdo con el exmandatario boliviano, la noticia difundida por el Gobierno sobre la decisión del juez Zabaleta, «es una expresión de su desesperación al haber sido derrotado política y jurídicamente. Quiere confundir y tapar el desastre económico que vive Bolivia».
El expresidente aseguró a los ciudadanos que su libertad está garantizada y que el 16 de mayo marchará para inscribirse como candidato a la Presidencia ante el Tribunal Supremo Electoral local.
Además, Morales acusó al juez Zabaleta Callisaya de tener antecedentes de corrupción.
«Fue encarcelado en 2017 por consorcio corrupto de jueces, fiscales y policías; varios litigantes le acusaron de apropiarse de casas; tuvo decenas de procesos disciplinarios; fue nombrado por el Consejo de la Magistratura de los auto prorrogados (…)», señaló en redes sociales.
«Esa es la calidad moral y profesional de los administradores de justicia que son manejados a su gusto por el gobierno. El pueblo sabrá juzgarlos», añadió.
