La extensión real de lo que yace bajo tierra en Ucrania sigue siendo incierta, señala The Washington Post.
Las afirmaciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, de que las reservas minerales de Ucrania podrían valer billones de dólares podrían estar lejos de la verdad, informó The Washington Post este jueves.
El artículo señala que, pese a las palabras del mandatario sobre los enormes beneficios que traerá a su país el acuerdo con Kiev sobre la riqueza natural ucraniana, —entre ellos el refuerzo de las vitales cadenas de suministro de Estados Unidos—, carecen de fundamento, ya que la extensión real de lo que yace bajo tierra en el país eslavo sigue siendo incierta.
Mucho gasto y tiempo
Los expertos destacan que, tanto la propia minería como el procesamiento de minerales es un proceso lento y complejo que requiere el levantamiento de una potente infraestructura nueva cuyo coste es difícil de calcular. Tal hecho significa que la explotación de los yacimientos podría ser económicamente no viable.
Para extraer de bajo tierra los minerales críticos como el litio, el grafito, el uranio y el titanio —tan deseados por Washington— harían falta «miles de millones en inversiones«, comunicó Robert Muggah, director de SecDev, una empresa de riesgo geopolítico y digital que se ha estudiado los recursos de Ucrania.
Por otra parte, Willy Shih, un economista de Harvard que estudia las cadenas de suministro, manifestó que acceder a los recursos naturales del país eslavo podría llevar mucho tiempo, ya que desarrollar una nueva mina «podría llevar diez años» o más.
El precio real del acuerdo
Tras meses de discusiones y desacuerdos, el miércoles EE.UU. y Ucrania firmaron finalmente un acuerdo sobre minerales con el que Kiev entrega su riqueza natural a Washington.
De los fragmentos publicados por el Gobierno ucraniano se deduce que el documento es un acuerdo político que no fija detalles de la cooperación entre los dos países ni esclarece las obligaciones de las partes. Bajo el acuerdo Kiev entrega su riqueza natural a Washington y limita las posibilidades de su Gobierno de cambiar la legislación interna.