Un fiscal regional pidió profundizar las averiguaciones por el sonado caso Procultura.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, se encuentra en medio de averiguaciones y bajo la posibilidad de que su teléfono fuese intervenido por la Fiscalía como parte del escandaloso caso conocido como Procultura, una fundación que habría aumentado más de 10 veces sus ingresos a partir de contribuciones públicas otorgadas desde la entrada a la jefatura de Estado del actual mandatario.
El posible «pinchazo» al teléfono de Boric, según informó en exclusiva el medio local Ex-Ante, fue solicitado por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, para profundizar las averiguaciones en el caso Procultura, una medida que de acuerdo con el mencionado medio fue negada por el juzgado de garantía.
Según la prensa local, la Fundación Procultura, que también es señalada por la Fiscalía de un posible fraude fiscal por unos 6.000 millones de pesos (más de 6,3 millones de dólares), habría incrementado sus ingresos tras la llegada de Boric a La Moneda, sede del Ejecutivo chileno en Santiago, la capital del país, de 316,8 millones de pesos (335.046 dólares) a 3.282 millones de pesos (3,4 millones de dólares).
La mencionada Fundación fue creada en 2009 por el psiquiatra Alberto Larraín, amigo cercano de Boric, y la fotógrafa Ilonka Csillag. Según el citado medio, la Fiscalía llegó a la solicitud de intervención del teléfono del presidente, luego que ejecutara otros «pinchazos», efectuados presuntamente bajo la normativa legal, en los que encontraron conversaciones referentes a Procultura donde aparecería involucrado el jefe de Estado.
Una de las conversaciones la habría protagonizado el propio Larraín con Jorge Flies, gobernador de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. El fundador de Procultura le habría contado a Flies que había hablado con el presidente para que acelerara la aprobación de proyectos. Tales dichos serían los que tomó en cuenta el fiscal Cooper para pedir el «pinchazo» al teléfono de Boric, entre otros gobernadores y funcionarios de la actual administración.
Además, en medio de las indagaciones por Procultura, que incluyó una intervención telefónica al exjefe de asesores de la Presidencia de Boric, Miguel Crispi, se habría encontrado una conversación en la que Isabel Allende habría ejercido presión para concretar la venta al Gobierno de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, para convertirla en museo, un escándalo que es investigado y que reventó hace meses cuando se vio salpicada también la entonces ministra de Defensa de Boric, Maya Fernández Allende, nieta del exmandatario asesinado en el golpe de Estado del posterior dictador Augusto Pinochet.
¿Qué dice el Ejecutivo?
Tras conocerse el intento de «pinchazo» al teléfono de Boric, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, indicó que hasta el momento no han corroborado si el teléfono del mandatario fue intervenido o no, y que debe ser la Fiscalía la que dé «explicaciones» sobre el asunto, especialmente, porque ellos se han enterado a través de «una filtración» de información publicada por un medio de comunicación.
«La Fiscalía no se ha pronunciado si es efectivo o no que eso haya ocurrido», expresó Lobos en una entrevista a Radio Infinita citada por ADN Radio, en la que además dijo que este tipo de medidas pone en riesgo «la seguridad nacional» debido a que el presidente de la República es «la máxima autoridad» del país y sus conversaciones pueden incluir temas delicados y confidenciales.
Por tal motivo, aunque la ley chilena permite estos «pinchazos» telefónicos en una investigación penal, Lobos señaló que para un jefe de Estado «el estándar» debe ser «mucho más alto» para aprobar la intervención y no puede aprobarlo solo un juez de Garantía, sino la Corte Suprema de Chile, debido a que de por sí las llamadas «chuzadas» son medidas sumamente «intrusivas y gravosas».
«Nadie está por sobre la ley, las instituciones tienen que respetarse, y la Fiscalía tendrá que acreditar que se daban los presupuestos para que legalmente se pueda proceder a una medida tan gravosa como esa», añadió Lobos sobre la solicitud del fiscal Cooper, quien por su parte defendió la legitimidad y el apego a la ley de la diligencia y dijo a la prensa que le llama «mucho la atención» que ahora «se habla de este tema cuando se afecta a ciertas personas, pero cuando se investiga otro tipo de delitos no se cuestionan».
