La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de México cerró la mega granja porcícola de Santa María Chi, operada por la empresa Pecuaria Peninsular, del Grupo San Gerardo en Mérida, Yucatán, por descargar aguas residuales sin contar con los permisos correspondientes.
En un comunicado, las autoridades detallaron que la suspensión es temporal y se originó tras detectar diversas irregularidades. Como consecuencia del cierre, la compañía no podrá incrementar el número de ejemplares que reporte en existencia.
Al momento de la clausura, la Profepa solicitó a la empresa su permiso de descarga de aguas residuales vigente, el cual es emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con base en lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Sin embargo, acusa la cartera, la mega granja exhibió un permiso que mostraba otra razón social.
«La operación de esta mega granja sin permiso de descarga de aguas infringe la ley y representa una amenaza permanente de contaminación para el suelo, los cuerpos de agua, la atmósfera y una amenaza para la salud humana de la comunidad que colinda con esta instalación», sentenció la encargada de la dependencia, Mariana Boy.
«La Profepa continuará verificando la forma en que operan este tipo de empresas y tomando las medidas necesarias para que cumplan la ley y no pongan en riesgo el medio ambiente y la salud de las comunidades vecinas», añadió.
La visita de las autoridades mexicanas a la granja porcícola ocurre en el marco de un conflicto legal impulsado por las familias Loret de Mola y Coldwell —que controlan Chumoxil, Grupo Porcícola San Gerardo y Pecuaria Peninsular, todas vinculadas a la mega granja porcícola— en contra del comisario de la comunidad, Wilberth Nahuat Puc, quien ha denunciado la contaminación provocada por la mega granja.
La granja se ubica a solo 15 metros de las viviendas de la comunidad indígena y alberga cerca de 49.000 cerdos, cuyo manejo ha causado serias afectaciones al medio ambiente, al agua y a la salud de la población y los animales de la comunidad.
En concreto, los fuertes olores y la quema de estiércol de cerdo han causado enfermedades respiratorias en la población en general.
En este contexto, los habitantes de Santa María Chi decidieron ejercer su derecho a la protesta para visibilizar la situación que enfrentan y exigir a las autoridades la implementación de medidas adecuadas para mitigar la contaminación. Sin embargo, esta situación llevó a las familias Loret de Mola y Coldwell a presentar acciones legales en contra de Nahuat Puc.
