Desde la Fiscalía venezolana sostienen que la deportación de sus compatriotas de EE.UU. a una cárcel salvadoreña «constituye una grave violación » de los DD.HH. y evoca «las repugnantes prácticas nazis de mitad del siglo XX».
El Ministerio Público de Venezuela ha denunciado este lunes la «desaparición forzada» de 252 ciudadanos venezolanos, deportados «de forma ilegal» de EE.UU. a El Salvador para ser recluidos en la cárcel de máxima seguridad denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
En un comunicado del Ministerio Público, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, tacha este centro de detención salvadoreño de «campo de concentración» y denuncia que el tratamiento que reciben los ciudadanos venezolanos —tanto en EE.UU. como en El Salvador—, «constituye una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos y constituye un crimen de lesa humanidad que imita las repugnantes prácticas nazis de mitad del siglo XX».
Desde el ministerio se recuerda que estas prácticas contra venezolanos retenidos ya fueron denunciadas en una carta enviada al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
Asimismo, desde el Ministerio Público venezolano califican de «cínica» la reciente propuesta del mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, de intercambiar en el marco de lo que denominó «acuerdo humanitario» al «100 % de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico» de presos, a los que considera «políticos».
Además, la cartera venezolana subraya que la declaración de Bukele «reafirma» que los venezolanos deportados del territorio estadounidense «se encuentran detenidos arbitrariamente y en condición de desaparición forzada» en El Salvador, al tiempo que interpela a las autoridades judiciales de ese país para que se proporcione «de manera inmediata la lista completa con la identificación de todos los secuestrados, su estatus judicial, fe de vida e informe médico de cada uno».
Una banda extinta en Venezuela
En su declaración, Bukele afirmó que todos los ciudadanos venezolanos que actualmente están bajo custodia en su país «fueron detenidos en el marco de una operación contra pandillas como el Tren de Aragua en Estados Unidos», una narrativa que sigue la Administración Trump.
No obstante, desde Caracas han hecho hincapié de forma reiterada en que ninguno de los venezolanos deportados y recluidos en el CECOT pertenecen a Tren de Aragua. Así, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, a finales de marzo afirmó que «ni uno solo» de ellos «aparece en el organigrama del extinto Tren de Aragua ni georreferenciado como miembro de una banda».
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conversó a finales de marzo con el secretario general de la ONU, António Guterres, y Volker Türk para solicitarles que intercedan por «la liberación inmediata y sin condiciones» de los migrantes venezolanos retenidos en El Salvador, al tiempo que reafirmó «la firme determinación» de Caracas de «no descansar hasta garantizar el regreso seguro de cada compatriota, injustamente encarcelado, a su patria».
Después, en un acto televisado, Maduro subrayó la falsedad de las acusaciones sobre la pertenencia de sus compatriotas detenidos a la banda Tren de Aragua, ya extinta en Venezuela, y añadió que estos migrantes son solo víctimas de las sanciones impuestas por EE.UU. y sus aliados contra su país, que produjeron el fenómeno de éxodo por el daño provocado a la economía venezolana por el bloqueo comercial y las medidas coercitivas unilaterales.
