La presidenta de la Comisión Europea anunció una pausa de 90 días en las contramedidas a EE.UU., pero avisa de que «todas las opciones siguen sobre la mesa».
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este jueves que la adopción de contramedidas en respuesta a los aranceles del presidente de EE.UU., Donald Trump, se suspenderán durante 90 días, mientras se busca «dar una oportunidad a las negociaciones».
«Tomamos nota del anuncio del presidente Trump. Queremos dar una oportunidad a las negociaciones», escribió en su cuenta de X.
Según Von del Leyen, las medidas de represalia planeadas sobre los productos estadounidenses han recibido un «fuerte apoyo» de los Estados miembros de la UE, sin embargo, quedarán en pausa durante 90 días, mientras se concreta su adopción.
«Si las negociaciones no son satisfactorias, entrarán en vigor nuestras contramedidas. Continúan los trabajos preparatorios sobre nuevas contramedidas. Como he dicho antes, todas las opciones siguen sobre la mesa», agregó.
Las declaraciones llegan tras los comentarios de Trump de que algunos países le están «besando el trasero» en su intento desesperado por alcanzar acuerdos que permitan revertir los aranceles que anunció la pasada semana.
«Estos países nos están llamando, están besándome el trasero«, dijo el mandatario en una intervención pública. Según su versión, dichas naciones se habrían dirigido a él suplicándole: «‘Por favor, por favor, señor, haga un trato. Haré lo que sea, haré lo que sea, señor'».
El miércoles, Trump anunció en su red social Truth Social una pausa de 90 días en sus aranceles «y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este período, fijándolo en un 10 %» para más de 75 países que no han tomado represalias de ninguna forma contra EE.UU., siguiendo su «firme sugerencia».
- Donald Trump anunció la semana pasada aranceles recíprocos masivos contra los socios comerciales de EE.UU.
- Este miércoles, la Unión Europea dio luz verde a sus aranceles de 25 % para productos provenientes de EE.UU., lo que implicará recargos sobre 21.000 millones de euros en compras, aunque el bloque sigue apostando por una solución negociada.
