El Comité contra la Desaparición Forzada anunció una investigación por las violaciones a los derechos humanos en ese país.
La situación de violencia en México, con un saldo de desapariciones forzadas, secuestros, torturas y ejecuciones, ha abierto un fuerte enfrentamiento entre el Gobierno de la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, y el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas.
Por un lado, las autoridades mexicanas niegan que exista una crisis de desapariciones cometidas por el Estado y afirman que esto solo ocurrió durante los sexenios anteriores al del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), principalmente los de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
En la otra parte, víctimas y colectivos de derechos humanos nacionales e internacionales aseguran que las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes estatales persisten en México y que ningún Gobierno ha asumido su responsabilidad desde que los casos recrudecieron a partir de 2006, cuando Calderón declaró la fallida «guerra contra el narcotráfico».
A Sheinbaum, quien solo lleva seis meses como presidenta, le estalló crisis a principios de marzo, cuando el hallazgo del Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán (Jalisco), mostró el ‘modus operandi’ de organizaciones delictivas contra sus víctimas.
El rancho se encontró gracias a la labor de las organizaciones de familiares, que carecen de apoyo oficial y se juntan para buscar con sus propias manos a sus seres queridos, incluso en fosas clandestinas que ellos mismos escarban.
Escala la crisis
Desde entonces, las violaciones a los derechos humanos se convirtieron en un tema permanente en el debate público, pero tomaron otro cariz el viernes pasado, cuando el presidente del CED, Olivier De Frouville, anunció que se activaría en México el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Ello implica una inédita investigación del organismo, debido a que contaría con «información fundamentada» que indica que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en México.
La activación del procedimiento implicaría, además, que el caso sea llevado de manera urgente a la Asamblea General de la ONU, algo que hasta ahora no había ocurrido.
Críticas
En respuesta, Sheinbaum advirtió que había «mucho desconocimiento» del CED. «En México no hay desaparición forzada desde el Estado, toda la vida luchamos contra eso; eso no existe en México. Hay un fenómeno de desaparición vinculada con la delincuencia organizada (…) pero no es desaparición forzada perpetrada desde el Estado», recalcó esta semana, tras anunciar el envío de una nota diplomática para manifestar la inconformidad sobre la resolución.
Las críticas hacia el CED se repitieron con mayor intensidad en el Poder Legislativo, en donde el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cuenta con mayoría.
En la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que había una actitud de «mala fe, injerencista, perversa, sin información, irresponsable, frívola, sin bases, ni pruebas» por parte del organismo de Naciones Unidas.
A él se sumó el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien desafió a De Frouville a demostrar «un solo caso» de desaparición forzada en México. En este órgano, el oficialismo incluso logró que se aprobara un «extrañamiento» contra el funcionario internacional.
La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, también salió en defensa del Gobierno y denunció que los organismos internacionales ignoraron por años a las madres buscadoras.
Además, consideró que el posicionamiento del CED estaba descontextualizado. «Rechazamos que se viva una crisis de desapariciones en México«, afirmó en un comunicado.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó durante una entrevista que no existe «una cifra real« de desaparecidos y reiteró las críticas hacia De Frouville. «El Gobierno de México hasta el momento no ha sido enterado de que haya ninguna investigación [de la ONU]. Cuando se decide hacer una indagatoria es porque, por lo menos, se tienen datos o se ha pedido información al Estado miembro. El Gobierno mexicano rechaza tajantemente cualquier acusación que se haga de desaparición forzada», sostuvo.
¿Y las víctimas?
Pese a la respuesta oficial, los colectivos de familiares de desaparecidos y de derechos humanos celebraron la decisión del CED.
La Glorieta de las y los Desaparecidos lamentó el pronunciamiento del Senado en contra del CED, al considerar que es una visión lejana a las víctimas y a la realidad que vive en el país en materia de desaparición.
«Reconocemos el trabajo del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y su voluntad de apoyar a las familias de las personas desaparecidas en México. Lamentamos la falta de voluntad real del Estado mexicano para enfrentar la crisis de desapariciones», señalaron en un escrito.