París, 31 mar. La líder del partido francés identificado con la extrema derecha Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, enfrentará hoy la decisión de un juicio en el cual está sobre la mesa su inhabilitación política por cinco años.
Procesada junto a varios de sus correligionarios, la Fiscalía solicitó contra la dirigente en noviembre pasado cinco años de prisión, dos de ellos con internamiento, y la inelegibilidad por un lustro en el caso de un presunto sistema de fraude para malversar entre 2004 y 2016 dinero destinado a asistentes de diputados en el Parlamento Europeo.
Si en definitiva se dicta la inhabilitación, la jefa de la bancada de RN en la Asamblea Nacional no podrá competir en las elecciones presidenciales del 2027, para las cuales las encuestas la sitúan ampliamente a la cabeza en la primera ronda.
Desde su primera candidatura al Elíseo en 2012, Le Pen ha ganado en popularidad tomando distancia de posiciones radicales de su padre, la recién fallecida figura histórica y polémica de la ultraderecha francesa Jean-Marie Le Pen, denunciado por banalizar los crímenes nazis y de promover ideas racistas, colonialistas y homofóbicas.
La política de 56 años cambió el nombre del partido, de Frente Nacional a RN, y adoptó una visión más presidenciable, sin presentarse abiertamente como anti-europea, pero con un discurso nacionalista e antiinmigrante que polariza a la sociedad.
En las dos últimas citas en las urnas, en 2017 y 2022, Le Pen perdió en el balotaje ante el actual jefe de Estado, Emmanuel Macron, quien recibió el apoyo de las diversas fuerzas del país para evitar el ascenso al poder de la extrema derecha.
Sin embargo, la inmigración ilegal, la crisis económica y los ajustes sociales han aumentado el respaldo en suelo galo a RN, al punto de que el año pasado dominó las elecciones europeas y fue el partido que de manera individual alcanzó más diputados en la Asamblea Nacional, pese a la cruzada en su contra para impedir que se hiciera con la mayoría absoluta.
Le Pen declaró la víspera a La Tribune Dimanche que no espera una decisión del juicio consistente en su inelegibilidad con ejecución inmediata.
Sin embargo, reconoció que los jueces “tienen el derecho de vida o muerte sobre nuestro movimiento”.
