El Gobierno argentino decidió no renovar la moratoria que permitía a los adultos mayores acceder al beneficio sin haber completado los 30 años de aportes mediante un plan de pagos. «Va a afectar a más del 70% de los adultos mayores que hasta hoy esperaban jubilarse», dijo a Sputnik un experto.
El Gobierno de Javier Milei profundiza el ahorro de gasto público vía «motosierra». Tras un año signado por el ajuste fiscal desplegado sobre las jubilaciones, el Ejecutivo decidió suspender la medida que permitía acceder al beneficio a personas que no hubieran completado los 30 años de aportes previsionales a través de un programa de pagos para cubrir la deuda ante el Estado.
Menos de la cuarta parte de la canasta básica
En un país atravesado por una creciente informalidad laboral —que alcanza a más de un tercio de los trabajadores— las moratorias previsionales constituían una herramienta clave para garantizar un retiro digno.
De este modo, los adultos mayores afectados quedarán excluidos del sistema jubilatorio y deberán tramitar el acceso a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima, fijada en $349.000 pesos (270 dólares a tipo de cambio paralelo).
En 2024, 427.000 personas recibieron el alta jubilatoria en Argentina. De ese total, nada menos que el 73,5% lo logró a partir de una moratoria. De acuerdo al Centro de Economía Política Argentina, la suspensión de la política dejará sin jubilación al 70% de los varones y al 90% de las mujeres en edad de retiro.
El principal efecto sobre la población alcanzada es económico. Contando un bono extraordinario —dispuesto durante el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) y congelado por la actual Administración— la PUAM a la cual quedarían limitados los afectados equivale a $286.800 (225 dólares). La prestación representa menos de la cuarta parte de la canasta básica del adulto mayor, que —contemplando elementos clave como los medicamentos— supera los $1.200.000.
La suspensión trae aparejadas otras consecuencias. Por un lado, mientras que la edad jubilatoria para las mujeres está fijada en 60 años, la Pensión Universal para el Adulto Mayor es a partir de los 65, dando un descalce de cinco años. Además, a diferencia de la jubilación, la PUAM no permite trabajar ni acceder a una pensión por fallecimiento.
Establecidas en el año 2004 —durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007)— las moratorias fueron primero conocidas como «jubilación de amas de casa», dado que estas mujeres fueron las primeras beneficiarias.
Sin embargo, desde aquel momento supusieron un fuerte incremento en el gasto público y, por ende, la profundización del déficit fiscal: esta es la principal razón esgrimida por el Gobierno de Milei para justificar su suspensión, en línea con el ajuste desplegado.
En el último proyecto de Presupuesto que envió el Ejecutivo al Congreso los gastos ligados a la seguridad social representaban el 38,2% del total previsto para 2025. Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina, la eliminación de las moratorias supondrá un ahorro de más de $220.000 millones para el Estado en los últimos nueve meses del año (dado que entran en vigencia plena en abril).
Para el Gobierno, el ajuste en las partidas previsionales es de primera magnitud: durante los primeros 15 meses de gestión libertaria, las jubilaciones perdieron un 15% de poder adquisitivo. De hecho, el Congreso sancionó una ley de incremento de los haberes que finalmente fue vetada por el presidente Milei, lo cual ha suscitado una serie de movilizaciones en protesta.
«Un nuevo golpe a los viejos»
«La eliminación de la moratoria agrava una situación muy compleja: va a afectar a más del 70% de los adultos mayores que hasta hoy esperaban jubilarse. Es un nuevo golpe a los viejos», dijo a Sputnik Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Según el experto, la decisión del Ejecutivo «aumenta de facto la edad de la jubilación, porque las mujeres van a tener que esperar cinco años más para acceder a una prestación que es 20% menor».
«El problema de los adultos mayores excede a la moratoria. Hoy hay cinco millones de personas cobrando la jubilación mínima, que no alcanza para absolutamente nada. Esto solo profundiza el derrumbe de los ingresos de estas personas», expresó el especialista.
El de las jubilaciones es, sin dudas, uno de los principales dilemas de la política argentina en las últimas décadas. La complejidad revista un carácter estructural: debido a los elevados índices de informalidad laboral, millones de personas que trabajan en la precariedad se ven privadas de realizar los aportes necesarios para acceder al derecho una vez cumplida la edad de retiro.
Tanto Mauricio Macri (2015-2019) como Alberto Fernández (2019-2023) impulsaron una reforma previsional ni bien asumieron, habida cuenta del abultado déficit fiscal que acarrea estas erogaciones. En 2010, Cristina Fernández (2007-2015) vetó una ley sancionada por el Congreso que fijaba al haber mínimo en un 82% del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) de los trabajadores activos. La entonces mandataria esgrimió que el proyecto no contemplaba el financiamiento de la medida.