Al exmandatario se le acusa de cinco cargos graves, entre los que se encuentran el intento de golpe de Estado de 2023 y un supuesto plan para asesinar al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) estudiará este martes si acepta o desestima los cinco cargos por los que la Procuraduría General (Fiscalía) de ese país pretende llevar a juicio al expresidente Jair Bolsonaro y otras 33 personas, por una serie de delitos graves, entre ellos, el fracasado intento de golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
El ultraderechista, quien niega las acusaciones y afirma que es víctima de una persecución política, es señalado como uno de los principales conspiradores en la intentona, al incentivar y ejecutar actos golpistas el 8 de enero de 2023 «contra los tres poderes y contra el Estado democrático de derecho», tras perder las elecciones presidenciales de 2022.
A mediados de febrero pasado, el fiscal general Paulo Gonet Branco informó que entre los acusados como «líderes» del golpe se encuentran, además de Bolsonaro, quien era su vicepresidente, Walter Braga Netto y otros integrantes de lo que el ente acusador señala como «una organización criminal».
De esa manera, el STF deberá decidir si las imputaciones contra Bolsonaro y los otros 33 involucrados son aceptadas o no, en concordancia con cinco delitos graves:
- Liderazgo de una organización criminal armada.
- Intento de abolir violentamente el Estado democrático de derecho.
- Golpe de Estado.
- Daño calificado por violencia y amenaza grave contra el patrimonio del sindicato.
- Deterioro del patrimonio catalogado.
En su momento la Procuraduría detalló que estas acusaciones se basan en «manuscritos, archivos digitales, hojas de cálculo e intercambios de mensajes que revelan el esquema de ruptura del orden democrático. Y describen con todo detalle el complot conspirativo montado y ejecutado contra las instituciones democráticas».
De acuerdo al fiscal Gonet, la organización criminal que habría liderado Bolsonaro, comenzó sus actuaciones contra el Estado de derecho y el orden democrático brasileño desde el 2021, cuando comenzaron a difundir noticias falsas y opiniones para desprestigiar el sistema de votación electrónica de Brasil, una situación que escaló hasta después de las elecciones presidenciales, cuando el extremista de derecha intentó, a través de un complot, desconocer y anular la victoria presidencial de Lula.
Plan magnicida
El fiscal señaló que el plan ideado por Bolsonaro y sus presuntos cómplices también incluía una estrategia para envenenar a Lula y asesinar al juez del STF Alexandre de Moraes. De igual forma, se tenía prevista la «neutralización» de la Suprema Corte de Justicia, todo esto como parte de las acciones que buscaban perpetrar al entonces mandatario ultraconservador en el poder.
Entre las pruebas que presentó el fiscal se incluyen grabaciones realizadas a finales de 2022 en las que el entonces secretario ejecutivo de la Presidencia, Mauro Fernandes, asegura que Bolsonaro le había dado el aval para matar a Lula con el fin de evitar que asumiera el Gobierno.
Los audios, agregó Gonet, «no dejan dudas» de que la «acción violenta [el atentado contra Lula]» fue conocida y autorizada por Bolsonaro, quien esperaba su ejecución en diciembre [de 2022]».
«Las investigaciones revelaron la operación para ejecutar el golpe de Estado, en la que incluso se aprobó la muerte del presidente electo y del vicepresidente de la República, así como la de un ministro del Supremo Tribunal Federal. El plan fue aprobado por el entonces presidente», agregó la Fiscalía cuando imputó a los 34 acusados.
¿Qué pasará?
Si finalmente el panel de jueces del STF decide que hay suficiente evidencia para aprobar el proceso penal contra Bolsonaro y sus aliados, los togados pasarían a ampliar la investigación criminal, como recopilar más pruebas, convocar audiencias e interpelar a los involucrados. En el caso contrario, el expediente sería archivado.
Ahora, si Bolsonaro se convierte en un acusado penal, tanto los fiscales como sus abogados defensores deberán presentar argumentos finales que servirán al STF para absolver o condenar al exmandatario y demás involucrados.
En el caso de que el ultraderechista sea señalado como culpable, la sentencia podría ser de al menos 12 años de prisión, según lo que establece la ley brasileña por el delito de golpe de Estado.
Sin embargo, la pena contra Bolsonaro podría ser aún más grave si la justicia determina que también es culpable por los otros cuatro delitos graves que le acusa la Fiscalía. De ser así su condena sería mayor y pasaría décadas tras las rejas.
