Los litigantes introdujeron un habeas corpus para intentar que sus defendidos sean presentados ante un juez que determine la legalidad de su privación de libertad.
Un grupo de abogados introdujo este lunes ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador una solicitud de habeas corpus para exigir la liberación y repatriación de 238 venezolanos que se encuentran allí encarcelados en una prisión de máxima seguridad, tras ser deportados por EE.UU. al ser calificados —sin pruebas— como supuestos «terroristas» por la administración de Donald Trump.
Jaime Ortega, uno de los abogados defensores, informó a la prensa que la solicitud fue presentada ante la Sala de lo Constitucional de la Corte, para pedir la liberación de estos migrantes venezolanos que desde hace más de una semana permanecen encerrados en el Centro para el Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel creada por el Gobierno de Nayib Bukele para poner presos a pandilleros y criminales de las llamadas ‘maras’.
Estos venezolanos, entre los que aún no se menciona ni a un solo criminal conocido o solicitado, fueron calificados por las autoridades de EE.UU. como supuestos miembros de la banda delictiva Tren de Aragua, declarada extinta en Venezuela pero catalogada por el gobierno de Trump como organización terrorista extranjera a finales de febrero, junto con varios cárteles del narcotráfico.
Para los abogados encargados del caso, sus defendidos no tienen vínculos con ninguna organización criminal y fueron detenidos en EE.UU. como inmigrantes indocumentados que se encontraban en ese país de manera irregular. Sin embargo, las autoridades estadounidenses los han tratado como delincuentes violentos de alta peligrosidad, motivo por el que han sido víctimas de tratos crueles, daños físicos, psicológicos, perjuicio a su moral e incluso exposición al escarnio público.
Por tal razón, con el habeas corpus buscan que estas personas sean puestas en libertad para ser presentados ante un juez que determine la legalidad de su privación de libertad, una situación que ha sido calificada por el Gobierno de Nicolás Maduro como «secuestro», ya que se trata de venezolanos sin antecedentes penales en ningún país, víctimas de la «segregación» que ha impuesto Trump tras llegar a la Presidencia de EE.UU. en enero pasado.
Ortega dijo a la prensa que en este caso representa a 30 personas. Sin embargo, aclaró que la solicitud de habeas corpus es extensible a los 238 venezolanos que están encarcelados ilícitamente en El Salvador, país que cobra 20.000 dólares al año por cada preso enviado desde EE.UU., según lo acordó Bukele con el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio.
Ni Bukele ni Trump pueden juzgar
Por su parte, otro de los abogados, identificado como Salvador Ríos, recalcó que el encarcelamiento de estos venezolanos viola todas las leyes del derecho internacional. «Son detenciones absolutamente ilegales», expresó Ríos a la prensa.
El defensor agregó que debe quedar claro que ni Bukele ni Trump son jueces y «no pueden juzgar a nadie». En tal sentido, recordó que el procedimiento aplicado contra los venezolanos viene manchado de ilegalidad desde el país norteamericano, donde incluso la deportación fue declarada como ilícita.
«Estamos cargando desde los EE.UU. con una severenda ilegalidad contra estos ciudadanos venezolanos. Ellos fueron deportados y tendrían que estar en su país, así tenía que ocurrir, lo que pasa es que el señor presidente norteamericano tiene el defecto de atentar contra los ciudadanos que no son estadounidenses», agregó Ríos.
Asimismo, señaló que Trump ha demostrado ser xenófobo, pues históricamente «ha maltratado a todos los latinoamericanos, mexicanos, centroamericanos, suramericanos, y bajo esa tesis de la xenofobia ha lanzando a prisión a los venezolanos«.
Entre tanto, Ortega resaltó que de los venezolanos encarcelados en El Salvador, muchos de ellos estaban en refugios de EE.UU. y otros se encontraban en trámites de residencia para obtener su documentación, situación que aprovecharon las autoridades migratorias estadounidenses para detectarlos, capturarlos y declarar su deportación inmediata, calificándolos de supuestos «criminales».
