Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas, compareció este 14 de marzo ante la Corte Penal Internacional (CPI), donde es acusado de crímenes de lesa humanidad y asesinato, presuntamente cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, como parte de la guerra contra el narcotráfico iniciada por el que fue su Gobierno.
En la audiencia, la sala de la Corte verificó la identidad del exmandatario y se aseguró de que se le informara claramente de los crímenes que presuntamente ha cometido y de sus derechos, en virtud del Estatuto de Roma.
Duterte participó por videoconferencia desde el centro de detención de la CPI. La audiencia se celebró en presencia del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) y de la defensa de él mismo, quien estuvo representado durante la audiencia por el abogado Salvador C. Medialdea.
Medialdea denunció en la Corte que Duterte fue secuestrado y llevado por la fuerza hasta La Haya.
«Hace dos días, el mundo fue testigo de la degradación de cómo un expresidente de un país soberano fue subido a un avión y trasladado sumariamente a La Haya. Para los abogados, esto podría ser llamado una rendición extrajudicial, para los menos enterados en derecho, esto fue un puro y simple secuestro», afirmó el abogado defensor.
«A mi cliente le fue negado todo acceso a recursos legales en su país de nacimiento y todo ello en la naturaleza de una confrontación política», añadió Medialdea.
Según el abogado, dos situaciones poco comunes llevaron a Duterte hasta el banquillo de los acusados de La Haya: un presidente entrante que busca acabar con el legado del exmandatario filipino y de su hija, y una institución deslegitimada y desesperada por obtener «un premio y un show legal», dijo.
Según Madialdea, su cliente fue detenido arbitrariamente durante una estancia de apenas unas horas en Emiratos Árabes Unidos, un Estado que no forma parte del Estatuto de Roma y no está bajo jurisdicción de la CPI.
«Los Emiratos Árabes Unidos no son Estado Parte de la CPI y no tienen obligación de cooperar con la corte. Sin embargo, mi cliente permaneció en tránsito en ese país durante más de cinco horas. Invito al representante de la Secretaría, presente hoy en la Corte, a que explique a los jueces exactamente cómo creen que este traslado no fue un grave abuso de proceso» dijo el abogado
La Sala programó provisionalmente la audiencia de confirmación de cargos para el 23 de septiembre de 2025.
De acuerdo con un boletín de la CPI, la finalidad del procedimiento de confirmación de los cargos es determinar si existen pruebas suficientes para establecer motivos fundados para creer que la persona cometió los delitos de los que es sospechosa.
Si se confirman los cargos, total o parcialmente, el caso se transferirá a una Sala de Primera Instancia, que llevará a cabo la fase posterior del procedimiento: el juicio.
El 10 de febrero de 2025, la Fiscalía de la CPI solicitó una orden de detención contra el Duterte por presuntos crímenes de lesa humanidad de asesinato, tortura y violación.La orden de detención contra Duterte fue dictada por la Sala como «secreta» el 7 de marzo de 2025 y reclasificada como «pública» el 11 de marzo de 2025.
