Begoña Gómez rechazó cualquier actuación irregular, reafirmó el carácter altruista de sus colaboraciones con la Universidad Complutense de Madrid y negó haber influido de cualquier manera en procesos de contratación pública.
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, negó ante el juez todas las acusaciones que se ciernen sobre ella en un caso que se inició por la denuncia de la organización ultraderechista Manos Limpias.
Su declaración tuvo lugar el 18 de diciembre, pero ha sido ahora cuando han trascendido los audios de su comparecencia ante el juez, difundidos por diversos medios, en la que solo contestó a las preguntas de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, durante algo más de media hora.
Gómez negó que fuera contratada en el Instituto de Empresa (IE) por su condición de esposa del presidente del Gobierno: «En ningún caso, jamás, porque ya en 2017 se produjeron las primeras reuniones», sostuvo, tras recordar que en aquel entonces el jefe del Ejecutivo era el conservador Mariano Rajoy.
Gómez está bajo investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. El caso se encuentra todavía en fase de instrucción y el magistrado Juan Carlos Peinado tendrá que decidir si existen indicios suficientes para procesarla.
La relación con el IE
La investigada explicó que había comenzado su relación profesional con IE, a instancias de Juan José Güemes, directivo del ente y también imputado en esta causa, a quien ya conocía desde hacía tiempo.
Según su versión, los primeros contactos ocurrieron en 2017, cuando le hicieron las primeras ofertas, que rechazó por falta de tiempo. Finalmente, fue en 2018 cuando comenzó a trabajar en el área de marketing y captación de fondos.
Relación con la Complutense
Los denunciantes también cuestionan el trabajo de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y afirman que lo obtuvo por tráfico de influencias.
La esposa del presidente de Gobierno de España asegura que la relación con la UCM se inició en 2012, mediante la colaboración académica, con un curso que no conllevaba contrato laboral y tenía una retribución máxima de 15.000 euros al año como personal externo.
Más tarde, en octubre de 2020, Gómez asumió el mando de la cátedra extraordinaria de transformación social competitiva, cuya dirección se puede ofrecer a personas que no sean catedráticas, en función de su experiencia.
Gómez enfatizó que ni la cátedra ni los másteres tenían ánimo de lucro y que ninguno de sus responsables recibía retribución.
La relación con el empresario Juan Carlos Barrabés
Durante su comparecencia, también fue abordada su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, imputado en la causa. A ella la acusan de haber influido en favor de él para que le asignaran licitaciones públicas.
Gómez alegó que no tuvo conocimiento de las licitaciones adjudicadas a las empresas vinculadas con Barrabés hasta que fue imputada. «Jamás», respondió al ser consultada sobre si había realizado alguna gestión para beneficiar a alguna compañía.
En este sentido, reconoció haber firmado misivas de recomendación, aunque insistió en que se trataba de «cartas tipo» solicitadas por la propia Complutense para «apoyar la importancia de un proyecto que se licitaba». «En ningún caso para apoyar a la empresa», defendió.
