El caso del cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael ‘Mayo’ Zambada, quien está detenido en EEUU desde mediados de 2024, sigue dentro de los intereses de México, nación que investiga de cerca su posible secuestro y los delitos que se le imputan a nivel local.
«Desde julio del año pasado, cuando ocurrieron estos hechos, de forma inmediata, el Gobierno de la República y, por lo tanto, la Fiscalía, iniciamos un procedimiento por una serie de delitos que se cometieron en México (…). Pero no solamente realizamos esa acción, sino que hicimos algo más: iniciamos un procedimiento de extradición ante las autoridades estadounidenses contra esta persona», indicó en conferencia de prensa el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
El funcionario agregó que era obligación del Gobierno el establecer ese trámite, debido a las tres órdenes de aprehensión que tiene México contra Zambada.
«Y es obligación del Gobierno requirente darnos respuesta lo más pronto posible a ello», subrayó.
Según Gertz Manero, los procedimientos que se hacen respecto a Mayo, están ceñidos a la Convención de Viena.
«Todavía no tenemos la primera audiencia de fondo [de Zambada], donde vamos a conocer las acusaciones y defensas. Ahí es donde la presencia y el acompañamiento consulares estarán presentes», ahondó.
El caso Mayo Zambada volvió a estar en la agenda política después de que el capo del cártel de Sinaloa enviara una carta al Gobierno mexicano, donde exigió su extradición desde EEUU o, de lo contrario, habría un «colapso» en la relación entre los países involucrados.
Ante eso, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró el 24 de febrero que no caería «en chantajes, ni en amenazas», ya que su Administración actúa conforme las leyes vigentes.
Ese mismo día, el abogado de Mayo, Frank Pérez, explicó a la agencia Reuters que su cliente estaría dispuesto a declararse culpable ante las autoridades de EEUU para evitar la pena de muerte.
