El fiscal a cargo de la causa dispuso las primeras medidas de prueba en la investigación abierta contra el mandatario y los operadores financieros involucrados. «Que sea investigado lo hace ver a Milei como un político tradicional, integrante de la ‘casta’ al que prometía combatir», dijo a Sputnik un especialista.
La Justicia argentina dio inicio formal a la investigación del presidente Javier Milei por su papel en la virtual estafa desarrollada mediante la criptomoneda $LIBRA que él mismo promocionó a través de sus redes sociales. El fiscal federal Eduardo Taiano dispuso las primeras medidas de prueba, que incluye la solicitud de documentos del Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores.
La causa apunta tanto al mandatario como a cinco empresarios del mundo cripto, señalados como los beneficiarios de las abultadas ganancias generadas a costa de las pérdidas que sufrieron los inversores que confiaron en el proyecto. Puntualmente se trata de los argentinos Mauricio Novelli y Sergio Morales, el estadounidense Hayden Mark Davis, el español Manuel Terrones Godoy y el singapurense Julian Peh.
Según consignó el fiscal en un escrito, los hechos investigados «podrían encuadrar en las figuras de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho».
La crisis se desató el viernes 14 de febrero, cuando Milei presentó públicamente a la criptomoneda $LIBRA desde su cuenta de X. El presidente la describió como un «proyecto privado» que «se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos».
En cuestión de segundos, su valor se disparó. Sin embargo, minutos más tarde, los accionistas mayoritarios vendieron sus posiciones y el precio se desplomó: más de 74.000 personas perdieron en total alrededor de 280 millones de dólares, que quedaron en manos de un puñado de ganadores. Ante el escándalo suscitado, el mandatario eliminó la publicación y emitió un comunicado aclarando que en verdad no conocía «los pormenores del proyecto».
Días más tarde, en una entrevista televisiva, el mandatario sostuvo que la difusión de la criptomoneda fue realizada desde su cuenta personal, a pesar de que la misma está verificada oficialmente como la del presidente de la República Argentina.
El escándalo llegó a Washington. Al menos dos denuncias fueron radicadas en los tribunales estadounidenses por presunto fraude masivo y su destino ya está en manos del Departamento de Justicia norteamericano y del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
El peso de la ley
«Está claro que existió una estafa: pocas personas desarrollaron un proyecto, hicieron creer a mucha más gente que podía comprarla y, apenas subió de precio, decidieron vaciarla. Y es pública la conducta del presidente promocionándola como instancia para el desarrollo de políticas públicas inexistentes», dijo a Sputnik el abogado Andrés Gil Domínguez.
Según el jurista, la promoción de $LIBRA «colisiona directamente contra la ley de ética pública y puede caratularse como incompatibilidad del ejercicio de la función pública con la realización de ciertos negocios, incumplimiento de los deberes de funcionario público y hasta partícipe necesario del delito de estafa».
«Cualquier persona puede lanzar una criptomoneda: lo que la respalda es la legitimidad y por eso la difusión de Milei. Está claro que lo hizo desde la investidura presidencial porque es funcionario público durante todo el día y sus redes sociales son las del presidente de la nación», remarcó el experto.
No obstante, el letrado consideró que cualquier conclusión en torno a la responsabilidad del mandatario es, cuanto menos, apresurada. «En Argentina rige el principio de inocencia, por lo que no cabe endilgar culpas tan rápido. Todavía no hay ningún avance concreto, pero sí hay bases concretas que son de público conocimiento», explicó.
El talón de Aquiles libertario
Más allá del devenir judicial del expediente en curso, los efectos del escándalo ya empezaron a ser sondeados en la opinión pública. Consultado por Sputnik, el politólogo Máximo Reina —titular de la consultora Doserre— explicó que «este caso ha golpeado simbólicamente al Gobierno donde más le duele: lo hace ver como un político tradicional, integrante de la ‘casta’ a la que prometía combatir».
De acuerdo al investigador, la imagen del presidente «se ha visto dañada puertas adentro y afuera del país, aunque aún no conocemos el alcance que puede llegar a cobrar».
Sin embargo, el especialista identificó un atenuante que puede generar alivio en el Ejecutivo: «El Poder Judicial argentino tiene una pésima imagen pública, por lo que es fácilmente cuestionable cualquier sentencia a la que llegue».
No obstante, el Gobierno cuenta con un inconmensurable favor de sus adversarios: la virtual acefalía en la cual está inmersa la oposición, reflejada en el respaldo parlamentario que logró para evitar la creación de una comisión especial investigadora. «La falta de alternativa política favorece notablemente al presidente», explicó Reina, quien añadió que «este factor, junto a la estabilidad económica, son dos pilares de su fortaleza».
