La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este 20 de febrero que enviará al Congreso una iniciativa para modificar un par de artículos de la Constitución con la intención de reforzar la defensa de la soberanía del país latinoamericano, esto ante las recientes decisiones tomadas desde Washington en materia de seguridad.
Se trata de los artículos 19 y 40 de la Carta Magna mexicana, los cuales buscarán ser modificados por iniciativa de la mandataria, quien durante su conferencia de prensa diaria insistió que ante Estados Unidos, país que recientemente catalogó como terroristas a cinco cárteles del narcotráfico originarios del país, México tiene una postura de colaboración, mas de no de subordinación.
La propuesta contempla adicionar dos párrafos en el artículo 40 para dejar en claro que México no aceptará ninguna intervención extranjera. La propuesta para la redacción del primer párrafo es la siguiente:
«El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo».
En el caso del segundo, se buscará que rece así:
«Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables».
En el caso del artículo 19, éste se reformaría para establecer que:
«A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa».
«Podría implicar que haya una mayor transparencia»
La iniciativa enviada por la presidenta mexicana no pone en riesgo las tareas de colaboración entre EEUU y México por medio de agencias como la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés); sin embargo, en caso de ser aprobada, los cambios podrían abonar a la transparencia entre ambas naciones, señaló en entrevista con Sputnik Claudia Serrano, doctora en Relaciones Internacionales y docente de la UNAM.
«Como se sabe, desafortunadamente en algunos períodos, no solamente en México sino en varios países, la DEA o la CIA operan de manera unilateral y tienden a veces a obstaculizar ciertos procedimientos de investigación que se llevan a cabo por parte de las autoridades al interior, esto por no notificar que están haciendo y en qué condiciones lo están realizando», sentenció.
«Al colocarlo dentro de la Constitución abre una puerta importante para iniciar procesos de transparencia y generar intercambio de información en tiempo real y no de manera posterior, cuando ya tienen encima el operativo o cuando ya falló», ahondó.
José Alberto Guerrero Baena, analista mexicano y consultor en materia de seguridad, coincidió con la experta y reiteró que las acciones promovidas desde el Gobierno mexicano no tendrán mayor repercusión en el trabajo binacional en la materia.
«Esto no lesiona absolutamente nada la cooperación, la cooperación siempre ha existido y siempre existirá, porque a final de cuentas más allá de ser un socio comercial importante, México es para Estados Unidos un punto de paso importante», abundó.
Guerrero Baena indicó que las contestaciones de la Administración mexicana a las acciones emprendidas por el nuevo Gobierno de Donald Trump, que apenas este 19 de febrero oficializó la catalogación de cinco grupos del crimen organizado mexicano como terroristas, tienen más un trasfondo político y simbólico que empírico.
«Las Fuerzas Armadas mexicanas siempre han tenido un gran entendimiento con las fuerzas estadounidenses; es un código no escrito en materia de seguridad», abundó.
«Qué bueno que lo hace»
También en entrevista con este medio, Miguel Ángel Valenzuela Shelley, experto en relaciones internacionales y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ponderó que las iniciativas enviadas por Sheinbaum tienen una lógica en medio del contexto político que se vive entre México y EEUU.
Recientemente, medios estadounidenses como The New York Times y CNN dieron a conocer que, desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, los vuelos con drones se han incrementado en el territorio mexicano, en operaciones que son encabezadas por la CIA.
«Esas puñaladas por la espalda las vamos a ver muy seguido porque a Trump le gusta complicarle el escenario a la contraparte para él negociar en la mejor situación posible», consideró el analista. «Y así va a ser el resto de su Gobierno».
«Entonces, qué bueno que lo hace [reforzar la soberanía del país], pero también es cierto que Estados Unidos lleva décadas haciendo estos trabajos [de investigación] por la libre y también es cierto que con eso México ha podido hacer muy poco», puntualizó.
Con el experto en relaciones internacional coincide el analista David Saucedo, quien ponderó que el vuelo de los polémicos drones fue un acuerdo bilateral el cual fue dado a conocer mediante filtraciones desde la Casa Blanca con la finalidad de debilitar a México en el debate.
«Donald Trump con esta estrategia que él tiene de golpeteo mediático, de presión, hace público mediante filtraciones información que era clasificada y la hace con el objeto de generar obviamente una erosión al Gobierno de Claudia Sheinbaum y de debilitar su posición negociadora», abundó.
¿Y las armas?
La segunda medida que tomará el Gobierno mexicano es ampliar la demanda contra los fabricantes de armas en EEUU, como había vaticinado la semana pasada.
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés) de EEUU admitió recientemente que el 74% de las armas recuperadas en territorio mexicano provinieron de los estados de Texas, Arizona y California.
Esto coincide con los datos proporcionados por una investigación de un académico de la Universidad George Washington en Estados Unidos, la cual evidenció que en tan solo cuatro estados de EEUU (Arizona, California, Texas y Nuevo México, todos ellos fronterizos con México) hay más de 9.000 establecimientos que venden armas, una gran parte de ellas de alto poder de fuego.
Al respecto, la doctora Claudia Serrano abundó que la demanda de México contra las armerías podría sentar un precedente a nivel global.
«El hecho de que se haya iniciado el proceso jurídico de por sí ya permite dejar el precedente de la importancia del tema (…) No es una tarea sencilla porque involucra campos de acción que tiene que ver sí con los Estados pero también con los particulares (…) Al generar estos vínculos donde está de por medio la seguridad nacional de un Estado permite profundizar sobre cuáles deberían de ser los nuevos instrumentos en materia de derecho internacional que permitan a los Estados de protegerse de este tipo de actividades», concluyó.
