El fiscal general aseguró que también se organizó el asesinato del ministro de la Corte, Alexandre de Moraes, la «neutralización» de la Suprema Corte de Justicia y un golpe de Estado.
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro (2019-2023) habría avalado un plan para matar por envenamiento al actual presidente Luis Inácio Lula da Silva, denunció el fiscal general, Paulo Gonet.
De acuerdo con una nota publicada por el portal G1, el funcionario presentó ante el Supremo Tribunal Federal (STF) una acusación sobre los hechos, que presuntamente comenzaron a diseñarse a finales de 2022, cuando Bolsonaro había perdido las elecciones frente a Lula.
Presuntamente, el plan también incluía el asesinato del ministro de la Corte, Alexandre de Moraes, la «neutralización» de la Suprema Corte de Justicia y la organización de un golpe de Estado.
Las imputaciones del fiscal se dieron a conocer en el marco de la acusación formal contra 34 personas, encabezadas por Bolsonaro y su vicepresidente, Walter Braga Netto, por haber intentado un golpe de Estado el 8 de enero enero de 2023, a escasos días de que Lula hubiera jurado como presidente para un tercer mandato.
Entre las pruebas que presentó el fiscal, citadas por el portal brasileño, se incluyen grabaciones realizadas a finales de 2022 en las que el entonces secretario ejecutivo de la Presidencia, Mauro Fernandes, asegura que Bolsonaro le había dado el aval para matar a Lula con el fin de evitar que asumiera el Gobierno.
Los audios, agregó Gonet, «no dejan dudas» de que la «acción violenta [el atentado contra Lula]» fue conocida y autorizada por Bolsonaro, quien esperaba su ejecución en diciembre [de 2022]».
La denuncia
En el momento en que presuntamente se organizó el complot, la transición de Gobierno estaba en marcha, a pesar de que Bolsonaro había insistido, sin pruebas, en presentarse como víctima un fraude electoral. El entonces presidente, que no pudo reelegirse, terminaba su mandato el 1 de enero, por ello, según el fiscal, existía la urgencia de envenenar a su sucesor en diciembre.
El martes, la Procuraduría General de Brasil acusó a Bolsonaro y a 33 presuntos cómplices de participar en una organización criminal armada; abolir violentamente el estado democrático de derecho; organizar un golpe de Estado; del delito de daño calificado por violencia y amenaza grave contra el patrimonio del sindicato; y de deterioro del patrimonio catalogado.
También reveló que los acusados hablaron sobre la posibilidad de matar a Lula, así como al vicepresidente Gerardo Alckmin y a un ministro de la Corte. «El plan fue aprobado por el entonces Presidente de la República», afirmó en un comunicado el ente acusador. En ese texto, la Procuraduría detalló los pormenores de una causa que seguirá su camino en el Supremo Tribunal Federal, órgano que decidirá si imputa o no formalmente a Bolsonaro, quien niega las acusaciones.
«Las acusaciones se basan en manuscritos, archivos digitales, hojas de cálculo e intercambios de mensajes que revelan el esquema de ruptura del orden democrático. Y describen con todo detalle el complot conspirativo montado y ejecutado contra las instituciones democráticas», añade el comunicado.
