Washington congeló todas las solicitudes de inmigrantes, previamente permitidas bajo los programas de la era Biden, alegando preocupaciones por fraude y de seguridad nacional.
La administración de Donald Trump ha decretado la suspensión de todas las solicitudes de entrada a EE.UU. presentadas por migrantes procedentes de América Latina y Ucrania en el marco de determinados programas del exinquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, según informó este martes CBS News, citando a dos fuentes y un memorando interno de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés).
En concreto, se ordenó una «pausa administrativa» en toda la agencia sobre todas las «solicitudes de beneficios pendientes» presentadas por inmigrantes a los que ya se les había permitido entrar en EE.UU. bajo tres programas migratorios, reza la directiva, fechada el 14 de febrero. La congelación de las solicitudes se mantendrá indefinidamente, mientras las autoridades trabajan para identificar posibles casos de fraude y mejorar los procedimientos de investigación para mitigar las preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional y la seguridad pública, de acuerdo con el documento.
Aunque no está claro el número exacto de inmigrantes afectados, la retención de solicitudes se aplica a los programas de la administración Biden que, bajo una ley conocida como ‘parole’ humanitario, permitían a cientos de miles de extranjeros ingresar legalmente en el país norteamericano y mantenerse ahí bajo «libertad condicional humanitaria».
¿A qué programas afecta?
Entre los programas figura una política llamada ‘Unidos por Ucrania’, que ofrecía un refugio a los que abandonaron el país eslavo. Alrededor de 240.000 ucranianos con patrocinadores estadounidenses ingresaron a EE.UU. bajo ese proceso antes de que el presidente Trump asumiera el cargo el pasado 20 de enero.
También resultó afectado el programa de libertad condicional de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV, por sus siglas en inglés), que permitió la entrada en territorio estadounidense de 530.000 ciudadanos de esas naciones, patrocinados por estadounidenses. En el memorando, se hace referencia a investigaciones en las que, según el documento, se encontraron miles de solicitudes de CHNV con «patrocinadores en serie», información de personas fallecidas o direcciones idénticas. Se subraya que hubo casos de fraude.
El tercer programa impactado consistía en procesos que permitían a colombianos, ecuatorianos, centroamericanos, haitianos y cubanos con parientes estadounidenses llegar a EE.UU. a esperar a que estuviera disponible una ‘green card’ (tarjeta de identidad) por motivo familiar.
Otros beneficios
Dado que las personas admitidas en Estados Unidos en virtud de estos programas solo obtuvieron permisos de trabajo temporales y protecciones contra la deportación, que suelen durar 2 años, muchas de ellas solicitaron otros beneficios en el ámbito migratorio, detallaron expertos al medio.
Se trata de un programa conocido como ‘Estatus de Protección Temporal’ para inmigrantes procedentes de ‘países en crisis’ como Haití, Ucrania y Venezuela; asilo, que permite a quienes huyen de la persecución obtener un refugio seguro permanente en EE.UU.; y las ‘green cards‘, o residencia estadounidense permanente.
Según la nueva directiva, no se podrá tramitar ninguna solicitud para estos programas o cualquier otro beneficio si las peticiones fueron presentadas por inmigrantes que llegaron a EE.UU. bajo las políticas de la administración de Biden. «Esto congela de forma efectiva su capacidad de pasar a otro estatus legal», explicó Lynden Melded, que fue el principal abogado de USCIS durante el mandato de George W. Bush. «Mientras tanto, seguirían siendo susceptibles de ser expulsados del país si el Gobierno pone fin a su estatus de libertad condicional», añadió.
- Tal y como anunció durante su campaña, al asumir el cargo, Trump firmó varias órdenes ejecutivas sobre temas migratorios. Los cambios incluyeron el envío de tropas a la frontera con México y la deportación paulatina de «millones de extranjeros» –a los que tachó de «criminales»–, así como la eliminación de programas migratorios como el ‘parole’ humanitario, que se gestionaba a través de la aplicación CBP One. Adicionalmente, autorizó las redadas en albergues, iglesias y escuelas, aunque históricamente esos espacios eran considerados santuarios para los inmigrante.
