En un contexto político marcado por las elecciones de agosto, la aprobación de los contratos para extraer litio se encuentra con fuertes oposiciones, que tienen mayor o menor fundamento. El Gobierno nacional socializará en el departamento de Potosí los contratos con empresas de Rusia y China.
La Asamblea Legislativa Plurinacional determinó no avanzar en la validación de los contratos para la explotación de litio suscrito con empresas de China y de Rusia, mientras no se realice una socialización exhaustiva de estos documentos entre organizaciones sociales e instituciones de Potosí. Este departamento alberga el salar de Uyuni, que junto a otros yacimientos en Oruro totalizan 23 millones de toneladas de este metal, las reservas más grandes del mundo.
La extracción de litio, que representa una gran oportunidad para el desarrollo de Bolivia, tropieza en los últimos años con los vaivenes políticos que sacuden al país. Por ello, partidos políticos de oposición, así como los legisladores que responden al expresidente Evo Morales (2006-2019), adelantaron que no viabilizarán la aprobación de estos contratos en la Asamblea.
En un acto público en el departamento de Santa Cruz, el presidente Luis Arce alertó: «El tiempo del litio se nos puede escapar de las manos. Cuidado que mañana ya aparezcan las baterías de hidrógeno, las baterías de sodio y reemplacen al litio como una fuente fundamental de electricidad».
«Nosotros queremos apurarnos, pero hay intereses extranjeros que no quieren que avancemos», aseguró Arce, sin detallar de qué naciones se trataba.
Ante este contexto, las autoridades del Gobierno nacional pondrán mayor énfasis en la socialización del contrato en Potosí. «Queremos que todos los bolivianos conozcan bien de qué se trata, para que podamos tomar las mejores decisiones para el país», sostuvo Arce.
Pero la aprobación de estos contratos fue atravesada por la coyuntura política, que tiene a las elecciones generales de agosto próximo marcando la agenda con fuerza.
El pasado 13 de febrero, autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, también de la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), se presentaron en el Teatro IV Centenario de la ciudad de Potosí para socializar el contrato con la empresa china Hong Kong CBC junto a organizaciones indígenas campesinas del departamento, asimismo con sectores urbanos.
El escandaloso encuentro terminó sin que se hubiera podido hablar del proyecto para la industrialización del litio, debido a protestas de grupos políticos de oposición que coparon el teatro en reclamo de la anulación de los contratos.
La Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados ya dio el visto bueno al contrato de YLB con la CBC, que prevé una inversión de 1.030 millones de dólares para la construcción de dos plantas en el salar de Uyuni que funcionarán con tecnología de Extracción Directa del Litio (EDL).
«Desde Diputados han dicho que este contrato no entra en tratamiento mientras no haya un consenso. Pero ese consenso en este momento está altamente politizado, es una preocupación», dijo a Sputnik Adalberto Ticona, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Y agregó: «Hay malos bolivianos que están confundiendo al pueblo a título de analistas, a título de políticos y potenciales candidatos para las elecciones» de agosto próximo, cuando además de presidente y vicepresidente se renovarán las 166 bancas de la Asamblea Legislativa (130 diputados y 36 senadores).
«En fin, todos quieren sacar cuero del litio. Y eso no es positivo», reflexionó el campesino.
Desde YLB indicaron que realizarán más estudios ambientales, aunque advirtieron que la afectación de los salares se podría precisar cuando los proyectos de las plantas estén desarrollados a diseño final.
«Los bolivianos debemos conocer cuáles serán los pasivos ambientales -afirmó Ticona-. YLB nos aseguró que se va a afectar solamente al 2% del salar de Uyuni», que con sus 10.582 kilómetros cuadrados es el más grande del mundo.
Trabas para el diálogo
La socialización de los proyectos para industrializar el litio se encuentran con un obstáculo: los sectores políticos que no están interesados en escuchar razones, como se vio en el teatro de Potosí, los cuales se limitan a exigir la caída de los contratos.
«Cuando se trata de negocios, los bolivianos tenemos que dar lo mejor de nosotros. Y si en los contratos hay algunos términos confusos o que técnicamente no se visibilizan, para eso podemos mejorar la redacción», explicó Ticona.
Los sectores sociales de Potosí reclaman la aprobación de la ley del litio, cuyo proyecto fue entregado por organizaciones campesinas en 2022. Pero en el actual contexto legislativo parece imposible motorizar un documento de estas características.
Ticona subrayó que los acuerdos con China y Rusia no prevén simplemente extraer el litio: también definen bases para una posterior industrialización de este recurso en el país, con el objetivo de fabricar baterías de este metal o incluso autos eléctricos.
«No queremos vender carbonato de litio como un elemento de química básica. Queremos hacer aquí la transformación. Los contratos mencionan que Rusia y China van a coadyuvar a fortalecer la industrialización», consideró Ticona.
YLB y la empresa rusa Uranium One Group firmaron en septiembre de 2024 un contrato para producir 14.000 toneladas de carbonato de litio, usando tecnología EDL, con una inversión de 970 millones de dólares.
Las dos plantas que se construirían con Hong Kong CBC producirían 10.000 y 25.000 toneladas anuales respectivamente.
