Representantes del Gobierno nacional acudieron la ciudad de Potosí para socializar el acuerdo de explotación de litio en el salar de Uyuni firmado con una empresa de China. Según organizaciones campesinas e indígenas, la oposición exige que se anulen los contratos para que ingresen empresas de Estados Unidos.
La representación del Gobierno boliviano tenía la intención de socializar el contrato que la estatal Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) firmó con la empresa Hong Kong CBC, de China, para la explotación en el salar de Uyuni. Pero el intercambio no fue posible debido al boicot de grupos políticos de oposición que no permitieron el desarrollo del diálogo.
La socialización tenía que realizarse el 12 de febrero, pero se retrasó un día porque no se presentaron los sectores que exigen la anulación de los contratos suscritos con la empresa china y con Uranium Group One, de Rusia. Finalmente, su participación no contribuyó al entendimiento entre las partes involucradas.
Imposibilitan presentación del contrato
El encuentro fue inaugurado en el Teatro IV Centenario por el viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, entre chiflidos y gritos de «fuera», emitidos por un grupo de 50 personas.
«El día de hoy queremos llegar a un consenso de una manera muy armoniosa y respetuosa con todos ustedes. Se les va a dar la palabra para que puedan expresarse», dijo, al tiempo que señaló que no existe un contrato aprobado.
Para que entre en vigencia el acuerdo con la empresa china, es necesario contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Hasta el momento este acuerdo fue validado por la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados, pero todavía no fue tratado por el pleno de esta instancia. Los legisladores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) adelantaron que no viabilizarán los acuerdos al argumentar que solo beneficiarán a los países de donde son originarias las empresas.
Para intentar desarmar este preconcepto, las autoridades circularon en la sala un código QR que dirigía a un portal con el contrato con la CBC. El viceministro de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos, Raúl Mayta, trató de explicar en qué consiste el acuerdo, pero no fue posible en medio de los tumultos. Al presidente de YLB, Omar Alarcón, tampoco se le permitió.
El grupo que se presentó para impedir la socialización estaba dirigido por Ruth Velasco, una política local que se postuló a alcaldesa de la ciudad de Potosí en las elecciones subnacionales de 2021, pero perdió. Estaba acompañada por otros opositores al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). Cuando los dirigentes campesinos les recordaban sus militancias políticas, argumentaban: «Somos políticos, no politiqueros».
Este grupo llevó megáfonos que usaban para gritar sus consignas cuando alguna de las autoridades nacionales intentaba tomar la palabra, por lo que no dejaron margen para el debate, sino que solo mantuvieron las exigencias de que se dieran de baja a los contratos.
En un momento subieron a la testera para enfrentar a los viceministros y al presidente de YLB, lo cual motivó la intervención de la custodia policial. De inmediato este grupo empezó a declamar: «¡Represión!, ¡represión!».
Imposibilitados de presentar las condiciones del contrato, las autoridades nacionales optaron por dar el micrófono a los presentes y responder sus inquietudes.
El teatro estaba repleto de campesinos e indígenas provenientes de comunidades de Potosí, especialmente de la zona del salar. Muchos estaban de acuerdo con los contratos, otros requerían más información, pero finalmente no pudieron expresarse por la acción del grupo liderado por Velasco.
Ante los tumultos causados por este sector, así como su intención de generar actos de violencia, gran parte de los comunarios decidieron retirarse. Quienes permanecieron, pedían al grupo de revoltosos que se retiraran. «¡Queremos escuchar!», coreaban.
Explicaciones a quienes no querían escuchar
Las autoridades nacionales explicaron que el contrato no está cerrado, como se criticó entre la audiencia. Subrayaron que este proyecto tampoco tendría costo para el Estado, porque el acuerdo con CBC comprende una inversión de 1.030 millones de dólares que quedarían en el país. Asimismo, remarcaron que al menos el 85% de los trabajadores serían bolivianos.
En cuanto a la potencial afectación al medio ambiente, los viceministros sostuvieron que no se podría establecer su magnitud mientras no se cuente con el proyecto a diseño final, para lo cual aún faltan varios pasos.
«No se pudo avanzar nada en la socialización por falta de coordinación entre el departamento de Potosí y el Gobierno central. Pienso que se van a realizar más socializaciones con las organizaciones y comunidades cercanas al salar», dijo a Sputnik Efraín Estrada, autoridad originaria de Uyuni.
Emilio Cisneros, tata curaca de la Nación Chichas, se manifestó en contra de los acuerdos, aunque reconoció que no sabía en qué consistían. «Vamos a organizarnos en cabildos, vamos a reunirnos para definir acciones las cinco naciones de Potosí, hasta que el contrato de litio quede sin efecto», indicó a Sputnik.
La falta de información es notable en parte de la población. Algunos opositores a la industrialización del litio expresaron sus sospechas por el nombre de la rusa Uranium One Group: creían que además de litio esta empresa extraería uranio.
«Lamentamos que algunos sectores intenten obstaculizar este entendimiento entre potosinos para que las empresas vengan a invertir montos importantes en el departamento, de modo que podamos tener más desarrollo. No han dejado que los hermanos realicen sus consultas. Quieren politizar esto», aseguró a Sputnik Jorge Mamani, secretario de Economía de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
Y agregó: «Como organizaciones sociales nos vamos a dirigir a las empresas. Que no tengan miedo de invertir en Bolivia. En Potosí vamos a tratar con esos sectores que quieren hacer política con los contratos. Como dueños del territorio, vamos a buscar el desarrollo de nuestras comunidades».
Quienes se oponían a los contratos se expresaron reiteradamente de manera prejuiciosa hacia las personas venidas del campo al decirles que «no saben leer» y por eso apoyaban la ejecución de los contratos.
«Es indignante que ellos nos discriminen por nuestras vestimentas, por nuestros sombreros, por nuestra forma de pensar y de querer desarrollarnos», dijo el dirigente de la CSUTCB.
Mamani no perdió de vista que en agosto próximo habrá elecciones generales. «Aquí están haciendo show político porque es año electoral. Quieren que el Gobierno anule los contratos sin importarles el daño que causan a nuestras intenciones de desarrollarnos».
Para Marcelino Mamani, de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS), la oposición opera para que caigan los contratos, de modo que vengan empresas de Estados Unidos a apropiarse de los recursos del salar. «Vemos que la industrialización del litio preocupa al Gobierno de Estados Unidos. Quieren que la explotación de los salares sea realizada por ellos o por nadie», dijo a Sputnik.