El conflicto armado interno en esa región deja hasta la fecha más de 52.000 personas desplazadas.
Un panorama poco alentador fue el que encontró una comisión de la Procuraduría General de Colombia tras visitar el Catatumbo, región que desde mediados de enero enfrenta el recrudecimiento del conflicto armado interno en medio de enfrentamientos violentos entre las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y organizaciones narcoparamilitares que operan en esa zona.
Sobre la crítica situación que se vive en el Catatumbo, el procurador delegado para los Derechos Humanos de Colombia, Javier Sarmiento, informó que «de manera preliminar» han podido determinar que «la crisis humanitaria persiste» y que hasta la fecha «se han registrado más de 52.000 personas desplazadas entre declaraciones individuales y masivas».
Además, dijo, la región sufre a la par un confinamiento forzado «muy preocupante que asciende a casi a 32.000 personas». En cuanto a la cifra de fallecidos, Sarmiento indicó que se han contabilizado 52 homicidios, de los cuales seis corresponden a personas que fueron firmantes del proceso de paz entre las FARC y el Gobierno, mientras que otras 12 que también signaron se encuentran desaparecidas.
«El panorama pues no es alentador, como quiera que persisten esas confrontaciones», agregó Sarmiento, quien hizo un llamado a las autoridades locales y departamentales a que agilicen los procesos para el suministro y entregas de ayudas a la población civil que está en albergues y en condiciones de vulnerabilidad.
El funcionario señaló que la agravada situación del Catatumbo perjudica especialmente a niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, que de no llegar las ayudas destinadas para su atención y al no proveerles las autoridades los recursos básicos de vida, como baños, lavamanos, entre otros enseres, podrían estar en riesgo de ser revictimizadas por los entes públicos.
Sin condiciones para el retorno
Entre tanto, Sarmiento explicó que debido a que la violencia armada continúa activa, aún «es muy prematuro» hablar de un retorno de los desplazados a sus zonas de origen, debido a que todavía «las condiciones de seguridad no están dadas».
En ese sentido, recordó que el Catatumbo es una de las regiones del país con mayor cantidad de minas antipersonales colocadas por los distintos grupos armados que participan en el conflicto desde hace décadas. A esto se suma que, desde hace tiempo, las autoridades no han podido realizar labores de desminado, ni de tipo militar ni humanitario.
Esta situación, agregó el procurador, es «preocupante», porque en el hipotético caso de que culminen los enfrentamientos y se avance a un retorno, se tendría primero que pasar por un proceso de reeducación a la población sobre el riesgo de las minas en sus zonas, además de que se den las condiciones de seguridad necesaria para efectuar un desminado que permitan avanzar hacia el regreso de los desplazados.
