Un grupo de personas de origen palestino, pero con ciudadanía polaca, presentó una demanda ante las autoridades judiciales de Polonia contra el ministro de Educación de Israel, Yoav Kisch, por presuntos crimines guerra contra la población civil palestina en la Franja de Gaza, reportó este 26 de enero el diario israelí ‘The Times of Israel’.
Kisch fue piloto de la Fuerza Aérea israelí y se encuentra en Polonia para asistir a la ceremonia para conmemorar los 80 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz como representante del Gobierno de Israel. Los denunciantes buscan que el funcionario sea aprehendido en territorio polaco.
De acuerdo con el reporte, los denunciantes afirman que Kisch —que sirvió como piloto de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) durante su servicio obligatorio y hasta su retiro de las reservas en 2016— es responsable de presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza, incluida la muerte de algunos de los familiares de los denunciantes.
«Estoy en Polonia para representar al Estado de Israel en la ceremonia que conmemora los 80 años de la liberación de Auschwitz. Aquí, enfatizaré ante los líderes mundiales nuestro compromiso con la memoria y las lecciones de la historia», dijo Kisch al diario al ser cuestionado sobre la demanda.
“Los intentos palestinos de difundir mentiras y distorsionar la realidad no me disuadirán de presentar la verdad: el Estado de Israel seguirá defendiendo a sus ciudadanos contra el terror asesino y luchará con firmeza por su derecho a la seguridad”, añadió el ministro, de acuerdo con el reporte de The Times of Israel.
En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) dictó órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Galant, por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
El tribunal declinó los argumentos de Tel Aviv, que trató de impugnar su jurisdicción para emitir las órdenes de detención contra ciudadanos de ese país. Las órdenes de captura contra Netanyahu y Galant han sido aprobadas seis meses después de la petición presentada por los fiscales de la CPI.
