El organismo mostró su preocupación por temas como las trabas para que avance el diálogo entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno.
El próximo 22 de enero, la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia presentará ante el Consejo de Seguridad de ese organismo el informe trimestral sobre el cumplimiento del acuerdo final de paz firmado entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El escrito, que se encuentra publicado en la página de la ONU, abarca el período comprendido entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2024.
En esta oportunidad, el documento coincidió con la conmemoración de los ocho años de la firma del acuerdo entre ambas partes, lo que el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, considera un «hito significativo en su camino hacia la paz» porque busca «alcanzar una paz duradera abordando las causas profundas del conflicto».
En este escrito, la Misión de Verificación destacó avances, estancamientos y alertas sobre el cumplimiento de lo acordado entre las partes. Llaman la atención sobre temas como el incremento del reclutamiento de menores para formar filas de grupos armados, el desplazamiento por causa de los enfrentamientos entre el Ejército y las estructuras ilegales y las trabas del proceso de paz entre el ELN y el Gobierno.
En los departamentos de Arauca y Norte de Santander hubo enfrentamientos armados entre la Fuerza Pública y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y se ha producido un aumento del reclutamiento de niños y uso de minas antipersonal.
Reincorporación
En el escrito se manifiesta que la implementación del Acuerdo Final avanzó más en la reforma rural que en el capítulo étnico y de género. Asimismo, aunque se destaca el «esfuerzo intensivo» del Gobierno por «impulsar la adjudicación y formalización de tierras», se considera que «los avances globales en este sentido siguieron siendo insuficientes«.
La ONU calificó de «éxito notable» la participación activa de unos 12.000 excombatientes en programas coordinados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Sin embargo, apunta que han sido «limitados» los avances para que su transición a la vida civil sea más sostenible.
Con respecto a la implementación del Programa de Reincorporación
Integral, refirió que se han inscrito en él aproximadamente 99 % de los 11.187 excombatientes, de los cuales 27 % son mujeres, todos registrados en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.
Reforma rural
En el informe se destacan los avances en la reforma rural planteada por el Gobierno y se resalta la implementación del Plan de Choque, que busca acelerar la implementación del acuerdo final y eliminar la violencia de la vida política.
Según el mandatario colombiano, Gustavo Petro, la reforma rural integral seguirá siendo una prioridad para su gestión a pesar de que los avances en ese aspecto «son limitados». Por ello pidió al Congreso que apruebe el proyecto para acelerar la distribución de tierras.
La Casa de Nariño espera cumplir con el objetivo de entregar 600.000 hectáreas a campesinos, mujeres rurales y víctimas para finales de este año, con la meta de conseguir de adjudicar 3 millones de hectáreas.
Excombatientes asesinados
En cuanto a las garantías de seguridad, a pesar de las amenazas y ataques contra excombatientes y líderes sociales, se mantuvo la tendencia a la baja del número de asesinatos.
En 2024 fueron asesinados 33 excombatientes, mientras que la cifra de 2023 correspondió a 48. Arauca, el Cauca, Guaviare y el Meta siguieron siendo las regiones más afectadas, en las que las amenazas ocasionaron desplazamientos forzados.
Desde la firma del acuerdo, en 2016, 441 exguerrilleros han sido asesinados; 158 han sido víctimas de intento de homicidio y 45 han sido dados por desaparecidos. Entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre, 10 exmiembros de las FARC fueron ultimados, frente a los 8 del período abarcado por el informe anterior.
Líderes sociales
En lo relativo a la violencia contra líderes sociales, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) recibió denuncias de 37 presuntos asesinatos (21 verificados, 6 en proceso de verificación y 10 no concluyentes), frente a 50 registrados en el informe anterior. Los ataques ocurrieron en Antioquia, Arauca y Cauca.
Alarma por la inseguridad y el desplazamiento
En el documento se afirma que la inseguridad «siguió siendo preocupante» en los departamentos de Putumayo y Norte de Santander.
En el trimestre analizado en el informe, se reportó el desplazamiento de 176.609 personas y el confinamiento de 138.795 personas en 17 departamentos y 77 municipios, lo que implica un aumento de 60 % en el caso de los confinamientos y una reducción de 20 % en los desplazamientos, en comparación al mismo periodo de 2023. El 57,5 % de la población afectada pertenece a pueblos étnicos.
Las sanciones de la JEP en la mira
Sobre las acciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo de justicia transicional postacuerdo, se afirma que hay expectativa sobre la «imposición de sanciones propias» de «personas consideradas máximas responsables de crímenes graves y su reconocimiento de responsabilidad».
Este tema ha causado polémica porque la JEP planteó la posibilidad de «devolver casos» al sistema de justicia ordinaria «si el tiempo de que dispone para finalizar las investigaciones es insuficiente». «Esa decisión conllevaría imponer penas de prisión en lugar de sanciones propias», recalca la ONU.
El proceso de paz con el ELN
Entre septiembre y diciembre del año pasado, el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tuvieron dos reuniones extraordinarias en Caracas tras un paréntesis de seis meses. Debido a la suspensión del cese al fuego, hubo enfrentamientos armados entre las partes, que ocasionaron bajas y afectaron a comunidades rurales de Antioquia, Arauca, el Chocó y Norte de Santander. Las delegaciones se reunirán en enero de este año «para abordar sus divergencias y buscar formas de reanudar las negociaciones».
