En la querella presentada se pide a la Justicia que se pronuncie sobre los límites legales y éticos del «uso de relaciones sexoafectivas» por parte de agentes encubiertos.
Un nuevo documental ha vuelto a poner el dedo en la llaga en las polémicas infiltraciones de agentes del Cuerpo Nacional de Policía en España, una controversia que ha llegado hasta el Tribunal Constitucional.
El programa 30 Minuts de TV3, la televisión pública catalana, emitió esta semana un documental producido por el digital La Directa, que mostró una conversación telefónica entre un activista independentista y su pareja, una agente infiltrada cuya identidad fue revelada.
«¿Sabes qué no te perdonaría yo nunca de la vida? Que te llamases María Isern Torres. No te lo perdonaría nunca. Pues te llamas así. Te hemos pillado», le dice Òscar Campos a la persona con la que compartió su vida durante tres años.
En el reportaje se detalla cómo, a principios del 2020, tras las movilizaciones contra la sentencia del proceso secesionista catalán, al menos cuatro agentes se infiltraron en organizaciones de base para captar información.
Durante esos dos años, se matricularon en la universidad, se reunieron con abogados para definir la estrategia de defensa de un activista y mantuvieron relaciones sexoafectivas.
«Soy de la misma promoción de todos los demás [policías descubiertos]», reconoció Torres. Y continuó: «Hay infiltrados en toda España, ¿lo entiendes? En toda España: Salamanca, Málaga, Granada. Hay infiltrados en toda España. Es que vosotros lo habéis asociado todo a independentismo. No es verdad, no es verdad».
Torres no cortó la conversación, sino que mantuvo una larga charla con Campos. «Sé que siempre lo he dicho, suena hipócrita o lo que sea, pero es que tú me has conocido a mí de verdad (…) solo te he ocultado que he estudiado Criminología y que soy policía», dijo en un intento de justificarse.
Falta de investigación
Otro de los casos que aparecen en la cinta es el de Daniel Hernández Pons, un agente descubierto, contra el que ocho mujeres presentaron en 2023 querellas por delitos contra la integridad moral y revelación de secretos, entre otros. Sin embargo, en 2024, la Audiencia de Barcelona confirmó la no admisión a trámite de la querella y argumentó que no había elementos suficientes para proceder judicialmente.
Tras el documental, el centro de defensa derechos humanos Irídia y el colectivo Acció contra l’Espionatge d’Estat (Acción contra el Espionaje de Estado) interpusieron un recurso de amparo ante el Constitucional por «las graves vulneraciones de derechos vinculadas a la falta de investigación de los infiltraciones policiales y la absoluta falta de investigación de los hechos».
«Esta acción responde a la decisión de la justicia ordinaria de confirmar la inadmisión a trámite de la querella interpuesta el 31 de enero de 2023 por ocho personas afectadas contra el agente infiltrado D.H.P., sus superiores jerárquicos y el Ministerio del Interior», indican en un comunicado.
La querella surge de hechos ocurridos entre mayo de 2020 y octubre de 2022, cuando el agente se habría infiltrado en movimientos sociales del barrio de Sant Andreu, Barcelona. «Esta infiltración se llevó a cabo mediante el establecimiento de vínculos sexoafectivos con varias mujeres activistas, que el agente instrumentalizó para obtener información política y personal bajo una identidad falsa, así como para mantener la confianza de otros colectivos y mujeres», destaca el texto.
Asimismo, piden que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los límites legales y éticos del «uso de relaciones sexoafectivas por parte de agentes policiales infiltrados», ya que se trata de «una práctica aún no resuelta por la jurisprudencia en relación con la figura del agente infiltrado en estos casos».
El nuevo recurso se interpuso un día después del estreno del documental.
«Actuamos conforme al ordenamiento jurídico»
La Ley de Enjuiciamiento Criminal regula la figura del agente encubierto en su artículo 282, pero establece que un juez debe autorizar la actuación, que se limita a investigaciones de delitos graves, como crimen organizado, terrorismo o tráfico de drogas. Estos agentes pueden utilizar identidades ficticias siempre que sea autorizadas. Cualquier extralimitación en sus funciones puede invalidar las pruebas obtenidas y derivar en responsabilidades legales.
Tras la emisión de la cinta, partidos como Junts, ERC, Comuns y la CUP pidieron explicaciones al Gobierno. En rueda de prensa, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, dijo que tanto los agentes de la Policía Nacional como Guardia Civil trabajan en la «prevención de hechos delictivos, así como de respuesta hacia los mismos».
«Actúan y actuamos conforme al ordenamiento jurídico (…) todo en estricto cumplimiento de la ley», matizó.
No es la primera vez que los partidos políticos cuestionan al Ejecutivo sobre este tema. En septiembre, después de destaparse otros casos, el grupo parlamentario de Sumar envió al Gobierno una serie de preguntas. «¿Qué motivos encuentra el Ministerio de Interior para explicar que estas infiltraciones se hayan sucedido exclusivamente en colectivos de izquierdas y antifascistas?», cuestionó el grupo.
