El derecho internacional no le está otorgando ninguna autorización a Israel para cometer crímenes de guerra en la Franja de Gaza, lo que pasa es que los instrumentos jurídicos no están funcionando en virtud del diseño que se adoptó después de la Segunda Guerra Mundial, dijo a Sputnik el profesor e investigador Manuel Becerra Ramírez.
Yuval Vagdani, un reservista de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que se encontraba de vacaciones en Brasil, huyó a Argentina a principios de enero, instantes después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí le advirtiera que un tribunal brasileño ordenó abrir una investigación en su contra por su presunta participación en crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
Según informó la prensa brasileña, la petición de la justicia brasileña es resultado de una denuncia de la Fundación Hind Rajab (HRF, por sus siglas en inglés), una institución con sede en Bélgica que opera a nivel internacional denunciando a soldados de las FDI por sus acciones en los territorios palestinos ocupados.
La HRF ha denunciado a soldados israelíes en Tailandia, Sri Lanka, Chile y otros países. En octubre del año pasado, además, la fundación demandó ante la Corte Penal Internacional (CPI) a más de 1.000 soldados de las FDI.
¿Un sistema de justicia global caduco o perfectible?
Sputnik conversó con el investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNI) y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Manuel Becerra Ramírez, para conocer la relevancia y el alcance de las acciones legales emprendidas por la HRF contra soldados israelíes en el extranjero.
El académico mexicano observó que, tras más de 15 meses de bombardeos israelíes contra el enclave palestino —mediante los que el país hebreo ha asesinado a más de 46.000 personas, la mayoría mujeres y niños— los instrumentos jurídicos adoptados por la comunidad internacional tras la Segunda Guerra Mundial no están funcionando para detener el genocidio contra el pueblo palestino.
Becerra Ramírez abundó que, después de la conflagración mundial que comenzó en 1939 y concluyó en 1945, la comunidad internacional diseñó una serie de mecanismos legales para evitar la repetición de crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio, entre otros, por ser considerados muy graves.
Uno de esos mecanismos, comentó el investigador, es el principio de jurisdicción universal, que confiere competencia a los miembros de la comunidad internacional, que son signatarios de los tratados internacionales en materia de derecho penal internacional, «a hacer una detención, por supuesto con elementos —como se está haciendo en este caso—, para que se juzguen por tribunales, aunque en ese momento o, mejor dicho, en ese lugar, no se hayan cometido esos crímenes».
«La idea es que no exista impunidad y, gracias a eso, por ejemplo, se juzgaron (los israelíes, las autoridades, parece que lo están olvidando) a los alemanes que habían cometido crímenes durante el Holocausto», ponderó el profesor Becerra.
Cuestionado sobre las razones por las que parece que, a pesar de que existen leyes internacionales, el país hebreo parece tener permiso para cometer crímenes de guerra en la Franja de Gaza impunemente, Becerra Ramírez aclaró que no es la legislación internacional la que le está otorgando permiso a Tel Aviv para actuar como lo hace en Oriente Medio.
«En realidad, el derecho internacional no le está otorgando ninguna autorización [a Israel], lo que pasa es que los instrumentos jurídicos no están funcionando y esto es en virtud del diseño que se adoptó después de la Segunda Guerra Mundial», ponderó Becerra.
Para desarrollar su premisa, el investigador recordó que, gracias al principio de jurisdicción universal, un jurista español solicitó la extradición del dictador chileno Augusto Pinochet para juzgarlo por sus crímenes de lesa humanidad durante el régimen militar (11 de septiembre de 1973 — 11 de marzo de 1990).
«El caso Pinochet es emblemático porque, precisamente, se recurrió a la jurisdicción universal mediante la petición que se le hizo a un tribunal español para juzgar a Pinochet», argumentó el investigador.
«En aquel tiempo, 1998, estaba él [el dictador Augusto Pinochet] en Gran Bretaña y ahí un juez, Baltasar Garzón, mandó a detener a Pinochet para juzgarlo, en virtud de una demanda de jurisdicción universal que tenía en España», recordó.
Sin embargo, señaló que, tras darse a conocer la solicitud de detención contra Pinochet, el Gobierno de Estados Unidos reaccionó para proteger a sus funcionarios y militares, aprovechando su posición como miembro permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU.
«Este caso, que al final de cuentas se liberó a Pinochet, pero por razones de otro tipo, no porque se considerara inocente, es también un parteaguas en el derecho penal internacional y, después de eso, hubo una reacción por parte de los Estados Unidos», relató Becerra Ramírez.
«Se estaba accionando la jurisdicción universal en varios tribunales —en Europa, por ejemplo— y esto ponía en peligro a Estados Unidos porque muchos de sus funcionarios, en otro momento, como por ejemplo el señor [Henry] Kissinger, que fue secretario de Estado de los Estados Unidos, fue uno de los promotores del golpe militar en Chile», continuó.
Dicho de otra manera, el país norteamericano reaccionó «como siempre, con mucha prepotencia, considerando que la jurisdicción universal —y esas fueron palabras de Kissinger— era la dictadura de los jueces».
«Entonces, Estados Unidos empezó a obligar a los Estados a que se hicieran las modificaciones [en su legislación interna], no aceptaron el Estatuto de Roma y, además, establecieron ante el Consejo de Seguridad una, digamos, protección para todos sus soldados. Eso lo promovió Estados Unidos», ahondó el doctor en derecho.
Según explicó el profesor Becerra Ramírez, para apelar a la jurisdicción universal no basta con formar parte de los tratados internacionales mencionados, sino que es necesario que los Estados cuenten con una legislación interna.
«Por eso es importante este caso, porque hay otros países que pueden también accionar la jurisdicción universal» para detener el genocidio que Israel perpetra en Gaza, reiteró el académico. Observó que «además, no se está actuando en contra del derecho, lo que se está diciendo es: cúmplase con la legalidad internacional».
«Aquí debería de funcionar [la jurisdicción universal] y detener una guerra que, es evidente para todos nosotros, nunca llegó a ser una legítima defensa, sino que es genocida y, además, expansionista. Esa es la cuestión y la comunidad internacional de gente pensante está muy preocupada por lo que está sucediendo», consideró Becerra Ramírez.
Agregó que la denuncia presentada por la Fundación Hind Rajab —nombrada así en honor a una niña palestina de 5 años asesinada por Israel— y la posterior investigación iniciada por la justicia brasileña, son pasos muy importantes, toda vez que constituyen un mensaje al mundo entero de que aquellos que cometan este tipo de delitos serán perseguidos.
«Evidentemente, es muy importante este acto, aunque hasta el momento haya sido fallido, pero ese es un mensaje a la comunidad internacional de que este tipo de crímenes se persiguen por esa vía de jurisdicción universal y que cualquier presunto delincuente puede ser detenido por esa vía», ponderó el profesor Ramírez.