La alianza aún está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional.
Personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y autoridades del Gobierno de El Salvador han pactado un «acuerdo a nivel técnico» por 1.400 millones de dólares para poner en marcha el Servicio Ampliado del FMI (SAF) y respaldar «la agenda de reformas» que plantea la Administración del presidente Nayib Bukele.
A través de un comunicado, el personal técnico del FMI informó que el acuerdo, que aún está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo, busca «reforzar la sostenibilidad fiscal y externa, mediante la aplicación de un plan de consolidación fiscal ambicioso y favorable al crecimiento, así como medidas para fortalecer las reservas».
Estos esfuerzos también van dirigidos a «mejorar la gobernanza, la transparencia y la resiliencia», que «serán esenciales para impulsar la confianza y el potencial de crecimiento del país, en un contexto de fuertes mejoras de la seguridad», reza la declaración emitida por Luis Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y Raphael Espinoza, jefe de la Misión para El Salvador, tras mantener discusiones en San Salvador entre el 5 y el 14 de diciembre.
Según la declaración, el monto acordado del programa, que tendrá una duración de 40 meses, es equivalente a 1.033,9 millones de los llamados Derechos Especiales de Giro (DEGs) o 360 % de la cuota de El Salvador, y servirá «para atender las necesidades de balanza de pagos y respaldar las reformas económicas del Gobierno».
Además, se espera que, junto con los 1.400 millones acordados, el programa pueda conseguir apoyo adicional del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Centro Americano de Integración Económica y del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, para totalizar «un paquete de financiación global combinado» superior a 3.500 millones de dólares.
El personal técnico debe preparar ahora un informe que, una vez aprobado, se presentará al Directorio Ejecutivo del FMI, que podría tomar una decisión sobre el tratado a principios de febrero de 2025, «una vez que se hayan implementado las acciones previas acordadas» con el gobierno de Bukele.
¿Qué pasará con el Bitcóin y los criptoactivos?
Uno de los puntos claves de este acuerdo está relacionado con el uso del Bitcóin como moneda digital reconocida y utilizada por el Estado. En particular, para el FMI es fundamental mitigar «los riesgos potenciales» relacionados a ese criptoactivo.
Por ejemplo, la aceptación del Bitcóin por el sector privado será voluntaria y la participación del Estado en actividades relacionadas con la criptomoneda será delimitada, medidas que se adaptan a las políticas del FMI y que se establecerán a través de «reformas legales».
Por su parte, los impuestos se podrán pagar sólo en dólares y la participación del Gobierno en la billetera estatal cripto llamada ‘Chivo’ «se irá reduciendo gradualmente». Además, para «salvaguardar la estabilidad e integridad financiera y la protección de los consumidores e inversionistas», tendrá que mejorar «la transparencia, la regulación y la supervisión de la industria de activos digitales».
¿En qué consiste el programa?
El programa del FMI plantea «la mejora del balance primario» del El Salvador en un 3,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) a lo largo de 3 años. Esto ayudaría a «situar la proporción de la deuda pública en relación al PIB en una firme senda descendente tras alcanzar un máximo del 85 % del PIB en 2024».
Para ello, el Gobierno de Bukele deberá aplicar «medidas fuertes fiscales, por valor del 1,5 % del PIB en 2025», que, según los técnicos, ya están «incluidas en el presupuesto aprobado», que reducirá «la masa salarial, el gasto en bienes y servicios y las transferencias a los municipios».
«Esfuerzos adicionales de reforma se centrarán en reforzar la eficiencia de la función pública, la viabilidad del sistema de pensiones y la movilización de los ingresos para garantizar la sostenibilidad fiscal y una mayor reducción de los costes de endeudamiento», añaden los expertos, quienes auguran que «la mejora de las finanzas públicas» se logrará con el refuerzo del «apoyo a los más vulnerables» y la protección a «la inversión pública prioritaria».
La financiación pactada también plantea fortalecer «las reservas brutas» del Banco Central de Reserva de El Salvador, a fin de reforzar «su capacidad para hacer frente a las crisis«.
Asimismo, indica que las primeras reformas de Bukele se centrarán en el establecimiento de «un marco sólido de lucha contra la corrupción» y en mejorar «los mecanismos de lucha Antilavado de Activos y Contra Financiamiento del Terrorismo».
De igual forma, plantea «impulsar el clima de negocios y la resiliencia», con «esfuerzos adicionales para reducir la burocracia». El programa indica que «mejorarán los colchones fiscales y del sector financiero», con «un refuerzo temprano del marco de liquidez de los bancos que también apoye el crecimiento continuado del crédito al sector privado».
La economía salvadoreña, según el FMI
Para el FMI, la economía salvadoreña «se sigue recuperando desde la pandemia», debido al envío de «fuertes remesas y a un notable repunte del turismo, en un contexto de mejora de la situación de seguridad, en el que los shocks climáticos sólo han tenido efectos negativos temporales».
En cuanto al déficit de «cuenta corriente», el FMI constata que El Salvador lo sigue reduciendo, al igual que la inflación, que «ha disminuido aún más, apoyada también por una baja de los precios mundiales de las materias primas».
«La situación fiscal sigue mejorando muy gradualmente y las recientes operaciones de gestión del pasivo han reducido sustancialmente las necesidades de financiación a corto plazo», explican los técnicos, quienes señalan que ponen en marcha este «programa de reformas económicas» sobre la base de este progreso y reconociendo los desafíos pendientes macroeconómicos y estructurales de El Salvador».
