Mientras algunos consideran necesarias estas iniciativas, otros advierten de posibles violaciones a los derechos humanos, entre otras problemas.
Brasil se encuentra en un intenso debate en el que se cuestiona la ética y la efectividad de varias medidas controvertidas adoptadas por la Cámara de Diputados. El jueves, se dio luz verde a la castración química para pedófilos, la amnistía para portadores de armas ilegales y la hospitalización psiquiátrica obligatoria.
Uno de los proyectos establece la castración química como una pena complementaria para los condenados por delitos sexuales contra menores.
El texto detalla que la intervención se realizará con medicamentos inhibidores de la libido, bajo supervisión del Ministerio de Salud, y se aplicará a delincuentes condenados tras una sentencia firme —sin posibilidad de apelación— en delitos como prostitución infantil, violación de menores o producción y distribución de contenido sexual.
Por otro lado, el Congreso decidió que las personas investigadas por delitos no especificados podrán registrar a partir de ahora sus armas, siempre y cuando no estén vinculadas a crímenes graves.
También reabrió un periodo de amnistía para la legalización de armas ilegales, vigente por última vez en 2008. Actualmente, cualquiera que porte armas no registradas se encuentra en posesión ilegal.
La medida busca regularizar el arsenal civil y reducir el número de armas ilegales, aunque los críticos consideran que esto puede abrir una vía legal a aquellos que las adquirieron de manera ilícita.
Reclusión en instituciones psiquiátricas
Uno de los proyectos más polémicos es el de las reclusiones en instituciones psiquiátricas. Los plazos mínimos serán de tres a 20 años, dependiendo de la gravedad del delito. El mínimo anterior era de uno a tres años.
Además, las evaluaciones psiquiátricas obligatorias, que antes eran anuales, se harán cada tres años, lo que reduce las oportunidades para revisar el estado de los pacientes. La norma establece que solo se podrá salir de la institución tras cumplir con estos plazos mínimos.
Mientras que los defensores de la medida argumentan que el endurecimiento es necesario para garantizar la seguridad pública, porque con plazos más largos se permiten tratamientos más exhaustivos, las organizaciones defensoras de los derechos humanos consideran que refuerza un modelo punitivo en lugar de priorizar la rehabilitación y la reintegración social.
El Congreso también decidió debilitar al gobierno federal y fortalecer a los estados, en la lucha contra las facciones criminales. Los detractores de esta iniciativa piensan que la medida puede resquebrajar una estrategia nacional para combatir a organizaciones criminales transnacionales, que operan más allá de las fronteras estatales.