Para la mandataria peruana el 2024 ha estado lleno de convulsión, con intentos de vacancia que ahora vuelven a la palestra.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, cumple este sábado dos años en el cargo, que asumió cuando era vicepresidenta y el entonces mandatario, Pedro Castillo, trató de evitar una destitución disolviendo el Congreso de la República. Un panorama que alentaba a la élite del país.
El 7 de diciembre de 2022 la clase política y económica celebró la transición esperanzada con la continuidad sin frenos del ‘statu quo’, pero la ilusión se fue apagando y en este instante, el diminuto nivel de aprobación presidencial se trasladó al ‘establishment’.
Un clima que ha llevado a Boluarte a un autoaislamiento que se corroboró a finales de noviembre en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) que se efectuó en la ciudad de Arequipa. Aunque estaba invitada, prácticamente a última hora avisó que no iría.
El 7 de diciembre de 2022 la clase política y económica celebró la transición esperanzada con la continuidad sin frenos del ‘statu quo’, pero la ilusión se fue apagando y en este instante, el diminuto nivel de aprobación presidencial se trasladó al ‘establishment’.
Para la exministra era un cóctel peligroso: Arequipa es una región protestante por antonomasia; en el principal foro empresarial de la nación, por formato, estaría obligada a responder preguntas y, en ese sentido, probablemente tendría que encontrarse con la prensa local.
Este 2024 se ha caracterizado por un mutismo mayúsculo, tanto que cedió la función de contestar a los medios a un vocero, un puesto improvisado que no existe en el organigrama del Estado peruano.
El «gran desorden»
El analista político José Carlos Requena estuvo en el CADE y contó a RT cómo estaba el ambiente ante la inasistencia, tanto de Boluarte como de sus ministros. «La ausencia fue percibida como un desplante, como una oportunidad perdida para la presidenta para poder dar señales de mayor calma, así que el ánimo fue coherente con lo que se ve en el resto de la ciudadanía», relata.
«En la élite empresarial lo que ha habido con Boluarte es más un alivio al inicio, frente a lo que Castillo representaba y, luego ha habido como resignación. No creo que haya habido una aprobación tan decidida», estima Requena.
En el interín, la encuestadora Ipsos divulgó un estudio que reveló una apreciación negativa. Un 63 % de ejecutivos piensa que Perú está en retroceso, mientras que la reprobación al Gobierno asciende a 92 % y personalmente la de Boluarte hasta el 93 %.
«El gran desorden que caracteriza al Gobierno en los últimos meses han hecho que esta evaluación haya pasado a la desaprobación, del alivio han pasado a la resignación y ahora al rechazo (…) el empresariado no es una isla«, afirma el experto.
De hecho, entre los líderes corporativos de las 5.000 compañías más grandes del Perú consultados por Ipsos, un 82 % catalogó la delincuencia y falta de seguridad como uno de los principales problemas en la actualidad, solo superado por la corrupción (83 %). Una percepción similar a la que mantiene el resto de la sociedad.
Etapas de agitación
En este panorama, el viernes la jefa de Estado participó en una ceremonia por el 36.° aniversario de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el cual insistió en la necesidad de estar cohesionados «para defender la democracia, el Estado de derecho, la institucionalidad».
«Llamamos a la clase política, a los alcaldes, gobernadores regionales, al sector privado, a la población en general a unirnos todos en una cruzada por la seguridad del país», exhortó.
La mandataria estuvo acompañada por el jefe del Parlamento, Eduardo Salhuana, en un gesto estrictamente protocolario, pero también simbólico de la única alianza que le queda, la del Poder Legislativo.
Para Requena, está huérfana de respaldo entre otras cosas porque ya no está a su derecha el ex primer ministro, Alberto Otárola, quien fue el gran articulador con las fuerzas políticas para un gabinete que no tiene un partido oficialista.
El especialista divide el Gobierno de estos dos años en cuatro etapas, que empezó con las masivas protestas de diciembre de 2022 a febrero de 2023, «cuando el rol de Otárola fue fundamental para contenerlas», dejando un saldo de 50 civiles fallecidos.
«En una segunda etapa en la que Otárola era el principal operador, ya puede plantearse una estabilidad precaria«, opina. Sin embargo, para marzo de este año el expremier estaba fuera del cargo a causa de un escándalo por presunta contratación irregular de una empleada con la cual tuvo intimidad; un caso que le valió una denuncia constitucional de la Fiscalía.
Con la salida de Otárola se abre la fase tres referida por Requena, que contempla «el empoderamiento de otros actores», principalmente del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte Zegarra, pero también de «un archipiélago de intereses y de gente que iba empujando su agenda subalterna y que tenía mucha llegada también en el Congreso».
«Ahora estamos en una etapa, no sé si terminal, pero sí hay una gran sensación de desorden, hay una gran desaprobación. Además, con la huida de Nicanor Boluarte no se reconoce algún gran poder, en consecuencia, estamos en una etapa del inicio del fin por la inminencia del calendario electoral», dice.
Boluarte Zegarra está desaparecido desde mediados de noviembre, cuando la Justicia peruana dictó 36 meses de prisión preventiva en su contra por ser pieza clave de una presunta organización criminal que estaría liderada por su hermana. Una de las tantas carpetas fiscales que están abiertas contra la dignataria.
Camino puntiagudo
Durante su mensaje a la nación de julio pasado, la jefa de Estado ratificó que en abril próximo convocará a elecciones generales para entregar el poder en 2026. «Así, el Perú revitalizará su institucionalidad y su democracia, mediante el acto soberano de los ciudadanos de elegir a sus autoridades», comentó.
Una vez la población esté citada a las urnas, los legisladores tendrán la posibilidad de aprobar una moción de vacancia sin tener que irse junto a ella. En ese caso hipotético, que cada vez suena más en Perú, asumiría el puesto quien presida el Parlamento en ese momento.
Una alternativa que se ha vuelto a asomar esta semana, luego de que Otárola confirmara públicamente que Boluarte se sometió a una operación quirúrgica sin notificarlo al Legislativo. Y, para varios congresistas, es una causal de remoción.
«Basta de estar polarizando a nuestra sociedad, basta los rumores de vacancia presidencial, el Perú aprendió que con ese resquebrajamiento de la democracia y del Estado de derecho, quien pierde es el Perú», contestó el viernes.
En estos dos años de mandato, Boluarte se salvó de ser depuesta hasta en seis ocasiones. Cada moción impulsada por la izquierda ha sido desestimada por el bancada fujimorista y la mayoría derechista.
A pesar de que Salhuana estuvo a pocos metros de ella, Requena menciona que «ya hay signos de distanciamiento del Congreso, que ha sido el principal bastión o el principal soporte del Ejecutivo».
De hecho, el jueves la Comisión Permanente otorgó un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para presentar sendos informes finales por dos denuncias constitucionales contra Boluarte, una por las muertes en manifestaciones y otra por el ‘Rolexgate’.