El Gobierno impugna el presupuesto que solicitan las autoridades electorales para llevar a cabo el proceso.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la continuidad de las elecciones que se realizarán el 2 de junio de 2025, en las que por primera vez se renovarán 881 cargos en diversas instancias judiciales.
«Se consideró que los actos vinculados con el desarrollo del proceso electoral para la renovación de los Poderes de la Unión no pueden detenerse por parte de las autoridades obligadas a realizarlos, dado que es una cuestión de interés público, que deviene de un mandato constitucional», señalaron los jueces en su resolución.
La sentencia dejó sin efecto decenas de suspensiones que han sido emitidas por jueces locales desde que la reforma judicial fue aprobada por el Congreso en septiembre pasado, lo que ha frenado el trabajo del Instituto Nacional Electoral (INE), encargado del proceso.
El INE ya advirtió que el 20 de noviembre debe ser el plazo límite para poder reanudar sus actividades con miras a la elección judicial, ya que el tiempo apremia para definir la cartografía electoral y los recursos de las campañas, así como elegir a los capacitadores electorales, integrar las mesas de cada casilla y establecer tiempos en radio y televisión.
Los recursos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó las demandas de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, pero ello no garantizaba legalmente la continuidad del proceso, como sí ocurre ahora con el fallo del Tribunal Electoral.
Por otra parte, todavía no se resuelve la discusión que se abrió en torno a los recursos que se destinarán al proceso, ya que el INE estimó que serán alrededor de 13.205 millones de pesos (660 millones de dólares), pero la presidenta Claudia Sheinbaum lo considera un presupuesto excesivo.
El próximo 2 de junio serán elegidos a través del voto popular nueve miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 22 magistrados de salas superiores, 464 magistraturas de tribunales colegiados y 386 jueces o juezas de distrito.
La reforma judicial fue promulgada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador antes de culminar su mandato, en medio de críticas y protestas de trabajadores judiciales, tras la aprobación del proyecto en las dos cámaras del Congreso de la Unión y la ratificación en la mayoría de las legislaturas estatales.
